Hay quienes piensan que poner la lupa sobre acontecimientos pasados es un ejercicio ocioso. Mi opinión es distinta, pues estoy convencido que puede ser un elemento indispensable en la construcción de un destino diferente. En el caso de la administración pública del estado de Coahuila, durante los ejercicios fiscales de los años 2010 y 2011, ocurrieron sucesos extraordinarios, con profundas y graves consecuencias, pasadas, presentes y futuras, no sólo para los actores involucrados y para las finanzas públicas estatales, sino para la convivencia social de los habitantes de la entidad.

Conviene comenzar por la revisión del marco normativo. En su artículo 106, la Constitución Política del Estado de Coahuila define así la temporalidad del año fiscal: “comenzará en el Estado el primero de enero, para expirar el día último de diciembre del mismo año”. 

Para el inicio de un ejercicio fiscal se requiere la aprobación previa de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. En el caso del Gobierno del Estado, ambas iniciativas deben ser turnadas por el Gobernador a más tardar el 30 de noviembre del año previo al ejercicio fiscal que corresponda. Como el Gobernador asume funciones el 1 de diciembre, sólo el año de inicio de su gestión, ese plazo se amplía al 15 de diciembre (Artículo 105 de la Constitución de Coahuila).

Las propuestas de ingresos y egresos presentadas por el Gobernador deben ser examinadas, discutidas y aprobadas por el Congreso del Estado (Artículo 67, fracción XXXIII). Los decretos correspondientes deben ser rubricados por el Gobernador y publicados en el Periódico Oficial. Los decretos de la Ley de Ingresos y el del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2010 (161 y 162, respectivamente), aparecieron en el ejemplar 99, correspondiente al 11 de diciembre del 2009. El monto total contemplado para ingresar y ejercerse en el presupuesto de gastos del 2010 ascendió a 29 mil 711.856 millones de pesos.

A más tardar el día último del mes de enero del año posterior al ejercicio fiscal, el Gobernador del Estado debe presentar al Congreso del Estado la cuenta pública correspondiente (Artículo 84, fracción VII). Compete al Congreso, por conducto de la Auditoria Superior del Estado, revisarla para “conocer sus resultados y comprobar si se han ajustado a la ley de ingresos… y a su presupuesto de egresos y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas” (Artículo 67, fracción XXXIV). La revisión de la Auditoría se integra en un documento denominado Informe Anual de Resultados de la fiscalización, mismo que debe ser entregado al Congreso por conducto de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, a más tardar el 30 de septiembre del año posterior al ejercicio fiscal (Artículos 74-B y 74-C). El ciclo termina con la revisión del informe por parte del Congreso del Estado y la emisión del dictamen correspondiente.

Para tal efecto, el Congreso dispone de un plazo de 60 días naturales, posteriores a la recepción del Informe Anual de Resultados.

Para el momento en el que el Gobierno del Estado envió la cuenta pública del 2010 al Congreso, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2011 ya habían sido enviados por el Gobierno del Estado y revisados y aprobados por el Congreso. Los decretos respectivos (370 y 371) fueron rubricados por el Gobernador y publicados en el ejemplar 103 del Periódico Oficial, fechado el 24 de diciembre del 2010. El monto de los ingresos y el presupuesto de egresos ascendieron a 31 mil 165.062 millones de pesos. Unas semanas antes, el 4 de noviembre del 2010, en ocasión de su quinto informe de “resultados”, Humberto Moreira presumió que al mes de septiembre del 2010 los gastos acumulados fueron de 21 mil 218 millones de pesos, equivalentes al 71.4 por ciento del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado y en materia de inversión autorizada, señaló una cifra ligeramente superior a los 4 mil 538 millones de pesos, cantidad equivalente al 50.3 por ciento de la inversión presupuestada para todo el año. Según sus decires, el Gobierno del Estado disponía del 28.6 por ciento del presupuesto de gasto total y del 49.7 del rubro de inversión pública para solventar las necesidades del último trimestre del 2010.  

Y, sin embargo, la cuenta pública enviada en enero del 2011 reportó un estado de origen y aplicación de recursos por un monto total de 40 mil 051.687 millones de pesos. Vale la pena recordar que Humberto Moreira estuvo al frente del Gobierno de Coahuila hasta el día 3 de enero del 2011.

Entre las múltiples irregularidades observadas en ese ejercicio fiscal, sobresale que el Gobierno de Coahuila envió ese año al Congreso dos versiones de la cuenta pública del ejercicio 2010. La primera señalada en el párrafo previo, y una segunda fechada el 30 de septiembre, con cifras modificadas. En esta segunda versión, el monto global del estado de origen y aplicación de recursos ascendió a 50 mil 238.351 millones de pesos. Casi un 70 por ciento por arriba del presupuesto de egresos autorizado por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2010.

¿Cuáles fueron las consideraciones hechas por la Auditoria Superior del Estado en su Informe Anual de Resultados? ¿En qué términos se emitió el dictamen del Congreso del Estado sobre la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010? Abordaremos estas interrogantes en nuestra próxima entrega.

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