Como parte de su oferta política, Miguel Riquelme, precandidato del PRI a la Gubernatura de Coahuila, delineó sus propuestas económicas: 1) Renegociar la Ley de Coordinación Fiscal para incrementar la participación del Estado en los recursos distribuidos por el Gobierno de la República a través de las participaciones y aportaciones federales; 2) “Refinanciar la deuda pública estatal para pagar menos intereses y establecer nuevos plazos”; 3) Incrementar los ingresos propios a 10 ó 12 mil millones de pesos para cubrir el servicio de la deuda y financiar la inversión; 4) Generar las garantías necesarias y seguir promoviendo la inversión extranjera, así como;  5) Impulsar la competitividad para que mejoren los salarios. 

Sobre el primer punto, Riquelme señala que Coahuila recibe 37 mil millones de pesos. Su propuesta es que la distribución de los fondos destinados a participaciones y aportaciones federales sea proporcional a la contribución de nuestro Estado al PIB nacional (3.55 por ciento, de acuerdo a la última cifra reportada por el Inegi). Según sus cuentas, siguiendo este criterio, deberíamos recibir 90 mil millones. A menos que Riquelme piense declarar la independencia de Coahuila y proclamar su nacimiento como una nueva República, su planteamiento tiene algunas insuficiencias e inconvenientes. Apunto los más relevantes:

1. Reconociendo la pertinencia de revisar los términos del federalismo fiscal en México, no podemos ignorar que se trata de un proceso complejo y tardado, de manera que no sería razonable esperar ingresos adicionales sustanciales en el corto o mediano plazo por esta vía.

2. Si la cobija no cambia de tamaño, la rebatinga por jalarla hacia nuestro lado será intensa.

3. Los principios básicos del federalismo fiscal son la eficiencia y la subsidiariedad, el primero busca estimular la producción de riqueza, en tanto el segundo trata de mantener la cohesión de la República, distribuyendo con equidad oportunidades que permitan reducir las diferencias.

4. Aun y cuando a Riquelme 35 centavos de cada peso le parezcan poco, los fondos federales a Coahuila aumentaron un 107 por ciento en pesos reales entre 1998 y el 2017 (el tamaño del pastel más que se duplicó); es decir, crecieron a una tasa real del 3.9 por ciento al año, cifra superior a la expansión del PIB estatal durante los últimos 12 años (tres por ciento anual real).

5. Si bien estas cifras muestran avances en la descentralización del gasto público en México a favor de los gobiernos locales (estados y municipios), las potestades fiscales (¿qué ámbito de Gobierno cobra qué impuestos?) siguen fuertemente centralizadas en el Gobierno Federal, el cual controla algo así como el 95 por ciento de los ingresos fiscales totales.

6. Sin la responsabilidad de cobrar impuestos, los gobiernos locales no han resentido suficiente presión de los contribuyentes para rendir buenas cuentas de esos dineros.

7. Con más dinero, menos control del Gobierno Federal y ausencia de contrapesos efectivos al ejercicio del Poder Ejecutivo en los estados, se desbocaron la corrupción y el endeudamiento.

Así pues, la propuesta de renegociar la Ley de Coordinación Fiscal en los términos formulados por el precandidato del PRI se queda muy corta respecto a la naturaleza del problema y no permitirá al Gobierno de Coahuila disponer, al menos durante del próximo sexenio, de fondos significativamente superiores a los actuales.

Pasemos a la siguiente iniciativa: “Refinanciar la deuda pública estatal para pagar menos intereses y establecer nuevos plazos”. En las actuales circunstancias macroeconómicas de incertidumbre, fluctuaciones cambiarias, presiones inflacionarias y aumentos en las tasas de interés, es improbable que una renegociación convencional de la deuda pública de Coahuila logre reducir el costo de su servicio. De hecho, el problema será cómo evitar un incremento sustancial en las erogaciones para sostener el pago de la misma en un escenario de incremento relevante en las tasas de interés nominales y de incertidumbre en la sostenibilidad de los ingresos reales. 

Peor aún, en la pretensión de “legitimar” una deuda ilegal, el Congreso de Coahuila modificó la Ley de Deuda Pública e “inventó” un concepto absurdo de “inversiones productivas” que ha dejado abiertas las arcas estatales para seguir contratando deuda prácticamente al libre albedrío del Gobernador en turno. La verdadera restricción para que en el presente el Gobierno de Coahuila contraiga deuda adicional, es que ya agotó su capacidad de pago y será difícil encontrar un banco que acepte otorgarle nuevos empréstitos. Así pues, el abordaje de este problema tiene que remitirse a la violación del marco legal en el momento de su contratación (un principio jurídico básico es la no retroactividad de las leyes) y a la corresponsabilidad de los bancos que, a sabiendas de lo anterior, otorgaron créditos ilegales al Gobierno de Coahuila.

En la próxima entrega abordaré las tres propuestas restantes. Confío en que el precandidato del PRI apreciará mis comentarios, pues según su dicho: “Le molestan la falsedad, la corrupción, la falta de seriedad. Me motiva la manera de ser del coahuilense: echado para delante, de mucho empuje, de mucha fortaleza y también de mucho coraje cuando se requiere”.

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