Con el voto de 47 de los 50 diputados locales, el Congreso de Veracruz aprobó la noche de este lunes el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, que registra un presunto daño patrimonial por 16 mil 347 millones 315 mil pesos.
Con la abstención del legislador del Partido Verde, Eduardo Sánchez Macías, y dos votos en contra de los diputados Jesús Vázquez y Ricardo Ahued, la legislatura aprobó el dictamen de la Comisión de vigilancia que establece que el daño asciende a 14 mil 220 millones 441 mil pesos.
Además la comisión de vigilancia pidió añadir la observación número FP/012/2015/014 ADM en la que se determinó agregar como seguimiento especial de daño patrimonial un monto de mil 994 millones 621 mil pesos de la Coordinación de Comunicación Social, que no entregó facturas para comprobar gastos de difusión de la imagen del gobernador Javier Duarte y el gobierno de Veracruz.
Los legisladores ordenan además al Órgano Superior de Fiscalización auditar a la Secretaría de Educación al no justificar gastos por 8 mil 146 millones.
De acuerdo con el dictamen aprobado hay presunto daño patrimonial o irregularidades en cinco secretarías, 15 organismos públicos y seis fideicomisos.
La Secretaría de Desarrollo Social tiene un presunto daño por 431 millones; el de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario es de 286 millones, seguida por la Secretaría de Finanzas y Planeación de un millón 62 mil pesos; la de Infraestructura y Obras Pública es de 12 millones 780 mil.
En el dictamen se hizo un apartado especial con el caso del túnel sumergido de Coatzacoalcos donde existen observaciones por la considerada ampliación ilegal de la concesión de 30 a 45 años a la empresa Cotuco.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz observó esto y en la auditoría que entregó al Congreso exige no se viole el artículo 85 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Se hace exhorto a que modifiquen la concesión, y no exceda el plazo.
La obra no se terminó en el tiempo señalado y gobierno del estado, sin previa autorización del Congreso del estado, hizo una tercera modificación al título de concesión del Túnel Sumergido violando la Ley de Asociaciones público-privadas.
Hay una observación que tiene que ver con daño al Instituto de Pensiones del Estado, la número 033/2015/006/.
Allí se instruye que la Secretaría de Finanzas y Planeación debe devolver al IPE 2 mil 709 millones de pesos, que serán reintegrados a la Reserva Técnica del Instituto y devolver además 284 millones, 870 mil pesos de comisiones mercantiles y transferencias no entregadas al IPE por parte de Sefiplan.