El pasado 21 de diciembre la Auditoría Superior del Estado (ASE), presentó al Congreso local su Informe de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública de 2017. La comisión legislativa encargada de esta materia, denominada de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, que coordino, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de Coahuila recibió el Informe y dispuso de 60 días naturales para emitir dictamen sobre el trabajo de revisión realizado por la ASE.

Dentro del término establecido por la Constitución, la Comisión emitió dictamen. Éste fue aprobado en lo general por unanimidad de sus siete integrantes, pero hubo mayoría en contra de cinco de los siete puntos resolutivos contenidos en el mismo. En contra, por cierto, sin argumentar esa mayoría absolutamente nada para oponerse a los cinco puntos resolutivos con los que estuvieron en desacuerdo.

Entonces los diputados priistas y sus aliadas (las diputadas del PRD y de Morena) pretendieron la elaboración de nuevo dictamen, pero para ello omitieron presentar voto particular, como lo prescribe el procedimiento parlamentario.

Desde entonces, entre mediados y finales de febrero, la etapa final del proceso de revisión a la Cuenta Pública de 2017 se ha complicado. Se solicitó la comparecencia ante el pleno del titular de la ASE para que aclarara dudas y explicara mejor las cosas y la mayoría numérica se opuso. Luego estuvo anuente a que la comparecencia fuera ante la Comisión y vino después una interminable discusión en torno al formato de la comparecencia. Hasta que finalmente se llegó a un acuerdo.

La comparecencia del titular de la ASE, contador público certificado Armando Plata Sandoval, se llevará a cabo la mañana del próximo martes 25 de junio. Cada uno de los siete diputados de la Comisión tendrá derecho a formular hasta cuatro preguntas, las que serán respondidas de manera inmediata y directa por el Auditor Superior.

Los diputados del PRI plantearon que las preguntas se pasaran por escrito previamente al Auditor, lo cual no se consideró de aprobarse. Pero sí se dijo que quien lo desee puede hacerlo. Como prueba de buena fe y con el ánimo de obtener plenamente la información requerida, yo sí las doy a conocer a través de estas líneas.

Por razones de espacio, pues el diputado dispondrá de hasta tres minutos para formular cada una de sus preguntas, sólo expondré a continuación un resumen de las mismas.

1. Durante el ejercicio de 2017, los ingresos obtenidos por el Poder Ejecutivo superaron en 5 mil 185 millones de pesos el monto total del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado para ese año (48 mil 883 contra 43 mil 698 millones de pesos).

Tanto la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios (art. 14-I) como la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila (art. 33-B, I), entre otros ordenamientos jurídicos, establecen que en tal caso al menos el 50 por ciento del ingreso excedente debe destinarse a la amortización de deuda pública, lo cual no sucedió en 2017. Es decir, se debieron haber abonado a la deuda pública estatal cuando menos alrededor de 2 mil 600 millones de pesos.

A pesar de tratarse de un hecho tan notorio, cabe preguntar por qué la ASE se abstuvo de observar al gobierno del estado este incumplimiento de la ley, que en modo alguno se puede calificar de leve.

2. Se preguntará al Auditor Superior la razón por la cual al formularse el programa de auditorías para la revisión de la Cuenta Pública de 2017, programa anual que por cierto él mismo formula y aprueba, no se incluyó auditoria alguna en materia de obra pública. Luego, sin saber cómo ni cuándo, modificó el programa de auditorías para incorporar 191 auditorías al capítulo de Obra Pública, modificación que jamás se publicó en el Periódico Oficial, como lo dispone la ley. De dichas auditorías no se indicó la metodología empleada para la selección de la muestra a revisar. De hecho, no se localizan en el Informe Anual de Resultados 2017 elementos suficientes que permitan siquiera identificar esas supuestas 191 auditorías.

Por si lo anterior fuera poco, el Informe de la ASE sólo da cuenta de los resultados correspondientes a 21 auditorías, de las que 17 fueron practicadas a obras públicas ejecutadas por gobiernos municipales, 3 a sistemas de agua y una a un organismo paraestatal. Pero absolutamente ninguna a la Secretaría de Infraestructura y Transporte del gobierno del estado, la dependencia con mayor volumen de obra, lo cual no deja de ser extraño y despertar suspicacias. En particular por haber sido el último año, conocido popularmente como el “Año de Hidalgo”, de uno de los gobiernos más corruptos en la historia de Coahuila.

3. De las 144 entidades auditadas por la ASE, 62 incumplieron las expresas disposiciones contenidas tanto en la Constitución Federal como en la Constitución estatal, así como en otras cinco leyes específicas, en el sentido de mantener el equilibrio presupuestal (al disponer que no se debe efectuar gasto alguno no incluido en el presupuesto). Este incumplimiento genera déficit recurrente. Lo que en particular y de manera desproporcionada sucedió durante 2017 en el gasto del Ejecutivo Estatal.

Será interesante saber por qué, en especial en el último caso señalado, la ASE omitió relacionar las correspondientes observaciones con el respectivo fincamiento de responsabilidades, concretamente al anterior gobernador del estado.

4. Durante su revisión a la Cuenta Pública de 2017, la ASE encontró irregularidades que no le fueron solventadas (atendidas, explicadas, justificadas) dentro del término establecido por la ley (de 15 días hábiles), cuyo monto ascendió a 9 mil 312 millones de pesos.

La ASE, en lugar de haber procedido como lo marca la ley, es decir, a promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa la aplicación de sanciones por faltas administrativas graves, a presentar denuncias y querellas ante la Fiscalía Especializada en hechos de corrupción o demandas de juicio político ante el Congreso, decidió unilateralmente por sí y ante sí, sin tener obviamente facultades para ello, a conceder mayor plazo a los entes auditados, sin que hasta la fecha se conozca, con certeza, cuál fue el tiempo adicional otorgado.

El hecho es que al rendir la ASE su Informe de Resultados 2017 al Congreso, en diciembre de 2018, fue omisa en dar cuenta de las “acciones [promoción de sanciones, denuncias, querellas] que deriven de los resultados de las auditorías practicadas” (art. 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila).

¿Con fundamento en qué se arrogó la ASE esta facultad legislativa? De ser así, como todo parece indicar, ¿en qué responsabilidad –grave, por supuesto- considera que incurrió la propia ASE?

En esta comparecencia del titular de la ASE, está acordado que habrá réplica y contrarréplica.

@jagarciavilla