Cuatro exfuncionarios fueron identificados como los principales operadores de la red de corrupción que durante la administración estatal 2010-2016 encabezada por César Duarte, desvió más de 2 mil 700 millones de pesos (mdp) del erario estatal.

En rueda de prensa, Mónica Vargas, secretaria de la Función Pública (SFP) del Estado, dio a conocer que actualmente se siguen cinco procesos administrativos en los que está vinculado directamente el ex mandatario, en los cuales están las cuatro personas.

Cada una de ellas cuenta con más de 30 procedimientos en su contra, por las vías penal y administrativa, quienes participaron en la ejecución de pagos de la Secretaría de Hacienda a la Unión Ganadera Regional División del Norte y a la sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom), denominada, Financiera División del Norte.

En la primera, el ex mandatario estatal fungió como socio y en algún tiempo como presidente, mientras que en la Sofom tenía participación como accionista principal, además de haber sido su fundador.

Vargas añadió que desde octubre de 2016, en que inició el mandato del gobernador Javier Corral, se presentaron 97 denuncias administrativas ante la SFP, de las cuales 88 tienen además el carácter de penales y de éstas, 86 fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el ámbito administrativo se iniciaron 73 procedimientos en los que están involucrados 778 ex servidores públicos, que representan un daño a la hacienda pública por un monto superior a los mil 798 mdp.

De estos 73 procesos, en 19 han logrado la inhabilitación de los ex servidores que participaron, quienes no podrán laborar en la administración pública estatal.

Además se han impuesto sanciones económicas por casi 550 mdp.

“Encontramos la simulaciones que se hacían para sacar ese recurso público de las arcas y ocuparse para fines personales de los actores involucrados, personalmente el ex gobernador”, precisó la funcionaria.

La dependencia tiene enlistadas faltas como adjudicaciones discrecionales, contrataciones simuladas, empresas fantasma, pagos indebidos, obras no ejecutadas que recibieron remuneración, predios por encima de su valor y el otorgamiento de indebido de beneficios, a algunas personas morales ligadas con el propio ex titular del Ejecutivo.

Mónica Vargas explicó que existe un avance importante en los procedimientos, pero para que sea retornado a las arcas estatales la totalidad del recurso desviado, debe haber un trabajo de seguimiento por la siguiente administración, ya que se ha iniciado una batalla legal para que se reafirmen las resoluciones aplicadas por la SFP.