Con la cuarentena decretada con el fin de enfrentar la pandemia de Covid-19 empeoró el trato de las autoridades hacia familiares de personas desaparecidas, quienes prácticamente nunca tuvieron oportunidad de hablar con algún funcionario para dar seguimiento a sus casos e incluso fueron obstaculizados con la intención de que no pudieran avanzar por su cuenta, señala un estudio de organizaciones civiles.

De acuerdo con una encuesta realizada del 20 al 24 de mayo pasado por Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas –con apoyo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos–, a consecuencia del Covid la mayoría de las personas que tienen algún pariente desaparecido vieron agravada su situación económica, la cual de por sí era precaria.

El sondeo se realizó en línea y participaron 674 familiares de personas víctimas de desaparición de 19 estados de la República. Los resultados del estudio fueron sistematizados en un informe que las organizaciones civiles enviaron el 1° de junio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los principales hallazgos destaca que sólo 5.5 por ciento de las personas entrevistadas dijeron haber tenido algún contacto personal con una autoridad desde el inicio de la crisis sanitaria; 49.1 por ciento señalaron que no tuvieron contacto alguno; 33 por ciento afirmaron haberlo tenido por teléfono y otro 20 por ciento por Internet.

Por otra parte, 72 por ciento de las personas consultadas señalaron no haber recibido ayuda de alguna institución pública desde el inicio de la contingencia por el coronavirus.

Las dependencias a las que acudieron sin éxito fueron la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (19.5 por ciento), la Secretaría de Gobierno estatal (18.3 por ciento), el ayuntamiento (17.8 por ciento) y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Secretaría de Bienestar federal o local (16 por ciento).

Entre los impactos inmediatos sufridos por las personas encuestadas desde el inicio de la crisis sanitaria destaca la reducción total o parcial de ingresos económicos (72 por ciento), más dificultad para ser informadas sobre la investigación de su caso (53.7 por ciento), restricción de la movilidad (53 por ciento), mayor dificultad para participar en sus respectivos colectivos (51.4 por ciento) y para realizar acciones o participar en diligencias de búsqueda (50 por ciento).