Cuarenta cabilderos con vínculos con el presidente Donald Trump ayudaron a clientes a obtener más de 10,000 millones de dólares en ayuda federal asignada a enfrentar el coronavirus, entre ellos cinco exfuncionarios de la administración cuya labor podría estar violando las normas, según un informe.

Los cabilderos identificados por el grupo de vigilancia Public Citizen trabajaron en la rama ejecutiva de Trump, sirvieron en su campaña, formaron parte del comité que recaudó dinero para las festividades inaugurales o fueron parte de su transición presidencial. Muchos son donantes de las campañas de Trump, y algunos son recaudadores de fondos prolíficos para su reelección.

Estos incluyen a Brian Ballard, quien sirvió en la transición, es el presidente de finanzas del Comité Nacional Republicano y ha juntado más de un millón de dólares para los comités de recaudación de fondos de Trump. Fue contratado en marzo por Laundrylux, un proveedor de máquinas de lavandería comerciales, después de que el Departamento de Seguridad Nacional emitiera una guía que no incluía las lavanderías como negocios esenciales que podrían permanecer abiertos durante la cuarentena. Una semana después, la administración emitió una nueva guía para agregar las lavanderías a la lista.

Dave Urban, asesor y confidente de Trump, ha recaudado más de 2.3 millones de dólares en tarifas de cabildeo este año. La firma que lidera, American Continental Group, representa a 15 compañías, incluidas Walgreens y la compañía matriz de Ultimate Fighting Championship, en temas de coronavirus.

Durante su primera campaña Trump se comprometió a tomar medidas drásticas contra el tráfico de influencias de Washington y prometió “drenar el pantano”. Pero durante su gobierno, el cabildeo floreció, una tendencia que se intensificó una vez que el Congreso aprobó más de 3,600 millones de dólares en estímulos para enfrentar al coronavirus.

Si bien el dinero está destinado a ser un salvavidas para una nación cuya economía se ha visto afectada por la pandemia, también impulsó una bonanza de cabildeo.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Poco después de que Trump asumió el cargo, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los exfuncionarios ejercer presión sobre la agencia u oficina donde estaban empleados anteriormente, por un período de cinco años. Otra sección de la orden prohíbe cabildear ante la administración por parte de exnombrados políticos por el resto del tiempo de Trump en el cargo.

Craig Holman, de Public Citizen y quien también es cabildero, dijo que el grupo tiene la intención de presentar quejas de ética ante la Casa Blanca, aunque no es optimista en los resultados. El año pasado, Holman presentó más de 30 quejas y todas fueron ignoradas o rechazadas.

“Parece que nadie está haciendo cumplir la orden ejecutiva”, dijo Holman.

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