1. “Así Dios me ponga donde haiga y lo demás de mi cuenta caiga”, reza un refrán español. Se confirma la liga nefasta, cómplice y trancera de la Chema Nostra en el aparato burocrático de la Secretaría de Gobierno, a la que había sido integrada la especie más retrógrada y uña larga de Coahuila y, no contento con eso, Chema incluye a su colección a un tipejo que fue destituido de su posición de director Jurídico de la SEC.

Enrique Flores, el sujeto aquél que degradó el ejercicio del derecho en la SEC, recibió nombramiento como director de Notarías con la clara intención de seguir llenando el insaciable patrimonio del ingeniero en Sistemas que compite sólo con su jefe el exdictador, en cuantía y fuente.

En su despedida y bajo el influjo de los humos etílicos, Flores presumía que la factura estaba cobrada, ya que había sido suya la idea de ponerle candado a las escuelas en la elección de Riquelme y funcionó. A la par de estar gritando y enseñando sus manos, a fin de garras, y diciendo: “Vamos por más”. Que se cuiden los notarios, ya que es bien sabido que Flores está acostumbrado a embarrar tamales desde niño, y son puros billetes de a ballenita o Dieguitos, para que estén listos con la cuota.

2. “Ladrones roban millones y son grandes señorones”. En la misma cueva de Chema surgen noticias desalentadoras que denotan la falta de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, que deriva del enfrentamiento a capricho del secretario de Gobierno.

Por más ceremonias y certificaciones compradas de avance en materia de seguridad pública, la realidad refleja un retroceso en la misma y, al contrario, un aumento en los delitos de toda índole.

Según datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, en Coahuila entre diciembre de 2018 a marzo de 2019 se han cometido 16 mil 659 delitos del orden común (sin incluir narcotráfico o crimen organizado) sumando 13 mil 259 en 2019, esto nos lleva arriba de Guerrero, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

La intención de Chema, de seguir controlando a la policía estatal y los “acuerdos” con los grupos delincuenciales, ha dejado al secretario Pliego fuera de la jugada y sin estrategia definida para la disminución de los delitos. Estamos en un polvorín y el crimen sigue graneando, los funcionarios siguen viajando en sus camionetas blindadas con carros escoltas y es la muestra de todos los miedos.

3. “El escribano con su pluma resta de la casa ajena y en la propia suma”. Siguiendo en el argot policiaco, después de la visita de la expresidenta Bachelet y del teatro magnánimo de los derechos humanos que le fue mostrado en Coahuila, el templete cae y los tartufos son regresados a sus escaparates y caros institutos a proseguir con su ritual de ratones de biblioteca.

Afuera la trama continua imparable, persuasiva, el olor que despide el horror y el temor de los funcionarios, aun sin fuero, pulula en Saltillo y en el Congreso de la Unión.

Las agrupaciones ciudadanas y los agraviados no cesarán en sus esfuerzos por ver en la cárcel no sólo a los que fueron cómplices por su omisión, sino aquellos que indicaron fechas, nombres, lugares y luego fueron enviados a “componer” las cosas en el régimen del miedo de los hermanos de la “M”.

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y esa es la sentencia. Los diversos colectivos organizados tienen abierta esa herramienta y su fuerza parecería inagotable, varios emisarios han sido turnados para convencer a los deudos de abandonar la causa, sin embargo, uno tras otro fue regresado, al decir de mi abuela, con las cajas destempladas y hoy fueron premiados con un nombramiento que es ofensa grave: magistrados del Poder Judicial de Coahuila. Vaya cosa.

4. “No hay ladrón sin encubridor”. Para variar en el tema del encubrimiento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determino una fecha para la ceremonia en la que el Gobierno del Estado “ofrecerá” disculpas a las víctimas de la matanza de Allende y los ejecutados en la cárcel de Piedras Negras. La sociedad no busca disculpas, sino que el gobierno ofrezca responsables y los entregue. Pero no sólo a los que ejecutaron a las familias enteras sino a los que desde el Gobierno fueron cómplices por encubrimiento, omisión y receptación de óbolos para permitir el atropello. La justicia está lejana de esta tierra, la fe no ha sido abandonada y eso sostiene la afrenta. “La culpa pide la pena y el agravio la venganza”.