PRIMERA. Apuntes desde el edificio de la Rectoría donde el exguerrillero de escritorio, hoy convertido en rector, efectúa sus peripecias y capiruchos de a millón, a fin de dar al traste de una vez con la escuela de cuadros del PRI o en los restos en que fue convertida por el grupo de asaltantes de la Chema Nostra la antigua Universidad Autónoma de Coahuila.

Sin solución alguna de los problemas que acontecen en las diferentes unidades, el clamor estudiantil es el de la mejora en la calidad educativa, ya que serán ellos los rechazados por las empresas debido a la mala fama generada por parte de sus administradores.

La pretensión de Hernández Vélez de reformar el estatuto universitario, con la excusa de que data de hace más de 40 años, es infantil e irrisoria. La verdadera intención del grupo gobernante –dictada desde el bunker regalado– es crear un estatuto a modo, ajeno a la democracia y la participación paritaria, que permita los saqueos o los haga impunes.

La lisonja de Hernández Vélez quedó al descubierto con la noticia de que en 2018 regaló al exdictador –por fin– su título de “abogado”, aunque sin cuidar los detalles que hacen fraudulenta la expedición. ¿Será por ello que el expediente académico fue considerado como reservado? Vaya cosa con el exguerrillero de banqueta.

SEGUNDA. “La estrategia de Coahuila siempre es estar alerta, siempre es tener los operativos suficientes, los puestos de control en cada una de las partes que sabemos. Derivado de nuestra frontera con algunos estados vecinos corremos el peligro del efecto cucaracha o de otros efectos derivados de operativos de la Marina o del Ejército Mexicano, o de enfrentamientos dentro de los estados vecinos”, aseguro el gobernador Riquelme en entrevista con medios.

Lo anterior ante el “operativo” policiaco y tiroteo en el que resultaron abatidos nueve delincuentes el pasado fin de semana en Saltillo.

El fiscal del estado había mencionado que no se magnificara el operativo y que se tuviera en cuenta que estos enfrentamientos no eran cosa de todos los días, pero qué se le cae la lengua y, por mas arropamiento que se le quisiera dar al principito sarapero, los tiroteos siguieron en todos los confines del estado: Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña, en los siguientes días.

El gobierno estatal manifiesta que han disminuido los delitos del crimen organizado –que tienen competencia federal–, sin embargo las cifras de los delitos locales no disminuyen y nos colocan por encima de otras entidades que se consideraban violentas como Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. En lo que va del sexenio de Riquelme se cometen 111 delitos diarios en Coahuila y 42 suceden en Saltillo (SNS).

TERCERA. Una verdadera danza de las constructoras sucede en el principado de Saltillo con Moreirita 4, con intereses directos en la Constructora JISA e indirectos con su tío en Girbsa. El principito se da a la tarea de iniciar diversas obras en la ciudad con la participación de las empresas mencionadas, a las cuales se suma VV Constructores del padre del actual director de Obras Públicas.

La muestra de la trastada es el famoso bulevar Los Pastores, que cuenta con tres meses de atraso y no hay fecha aún. La operación fue anunciada con un costo de 100 millones de pesos en 2018, hoy se aplican 132 millones y apenas arranca la segunda fase, a la que habrá de sumarse el costo de desviación de 2 mil metros cuadrados debido a que un propietario se defendió y no quiso vender su terreno.

Resulta interesante el procedimiento de adjudicación de obras municipales que inician asignando éstas a una compañía fuera de sospecha, que termina arrendando la maquinaria a las “preferidas” del principado: JISA y VV, que vienen terminando (un lejano día) las obras asignadas. Hermosa familia.

CUARTA. En noticias desde Chihuahua, se dio a conocer que Alejandro Gutiérrez interpuso un recurso en su proceso penal a fin de retornar al patrimonio Chihuahuense 1.7 millones de pesos, que corresponden a la acusación de la Fiscalía de ese estado en el sentido de que Gutiérrez recibió del gobierno estatal, de manera indebida, 835 mil 420 pesos a través de la empresa Jet Combustibles, además de 904 mil 579 pesos por medio de la empresa Promotora de Señalamiento Integral, simulando contratos de prestación de servicios durante la administración de César Duarte. Aun con esta devolución, el juicio continúa por otros delitos.