CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) cuestionó el control del Gobierno Federal sobre su operación y alertó que puede, en un momento dado, reorganizar a la empresa y transferir la totalidad o parte sustancial de sus activos a una entidad que no estuviese bajo el mando, directa o indirectamente por las autoridades, en caso de que la Constitución y la legislación federal fueran modificadas.

El control es tal, señala en información difundida entre inversionistas nacionales y extranjeros que cotizan en los mercados de valores de Estados Unidos y México, que la compañía está obligada a ajustar su balance financiero, recortar su presupuesto, limitar su gasto, incluso en pagos de salarios, así como inversiones y hasta ajustar metas de producción de petróleo crudo, lo que “limita competir exitosamente con empresas petroleras que participan en el sector energético de México, desarrollar sus reservas y ponen en riesgo la capacidad de la firma para cumplir sus obligaciones de pago”.

La crítica alcanzó el reciente acuerdo logrado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el pasado 12 de abril, cuando la OPEP y productores independientes, entre ellos México y Rusia, convinieron reducir el suministro de crudo, que comprometió al país y a Pemex a recortar su producción en 100 mil barriles diarios dos meses desde mayo de este año.

Argumenta que si bien la decisión fue para estabilizar el mercado… “los precios siguen mostrando una volatilidad significativa tanto en la reacción a la pandemia del COVID-19 y las acciones tomadas por otros países productores de petróleo”.

Sostiene que “cualquier reducción adicional o futura de la producción o de los precios de los hidrocarburos, tendrán efectos negativos similares en los resultados de operación y situación financiera”.