Dos de las empresas filiales de la acerera Altos Hornos de México (AHMSA) ingresaron ayer al proceso de concurso mercantil (mejor conocido como “bancarrota”) lo cual implica que dejarán de cumplir las obligaciones que tienen con sus acreedores, algo que seguramente agudizará la crisis que viven las regiones Centro y Carbonífera de Coahuila.

Minera del Norte (MINOSA, antes MICARE) y la comercializadora de carbón Corporativo Industrial Coahuila (CICSA) son las dos empresas filiales de AHMSA que han decidido acogerse a esta posibilidad, alegando que no pueden sostener sus operaciones.

Lo relevante aquí es la razón por la cual estas empresas han optado por recurrir a esta estrategia: la decisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de modificar los contratos multianuales de proveeduría de carbón que tenían firmados con dichas empresas.

Como se ha informado puntualmente, la CFE decidió de forma unilateral, hace algunas semanas, que el precio pactado de un contrato de proveduría de carbón para sus plantas productoras de electricidad en el municipio de Nava se había registrado en condiciones de “desventaja” para la paraestatal, razón por la cual debía modificarse.

La empresa firmante del contrato reviró haciendo una contrapropuesta que, a juzgar por la decisión que ha tomado ahora, no fue aceptada por la CFE y ante ello ha preferido declararse en bancarrota.

Más allá de las cuestiones técnicas que implica la modificación de un contrato y el eventual cierre de empresas derivado de una contingencia, lo relevante en este caso tiene que ver con el impacto que sobre dos regiones de nuestra entidad se puede tener por las decisiones adoptadas detrás de un escritorio, en la ciudad de México, por ejecutivos de la CFE.

Porque independientemente de si los contratos -negociados en la administración de Enrique Peña Nieto- contienen acuerdos que pueden -o deben- ser discutidos, lo cierto es que hoy, con las decisiones tomadas por CFE, dos regiones de Coahuila pueden verse seriamente afectadas.

Nadie le pide al Gobierno de la República que “perdone” o “ignore” la corrupción del pasado; nadie le pide que deje de perseguir a quienes, a costa del erario público, han amasado fortunas personales. Pero lo que sí se le pide es que considere, en el contexto de las decisiones que toma, las repercusiones que para múltiples familias tienen las mismas.

Si los ejecutivos de AHMSA se coludieron con funcionarios del gobierno anterior, lo justo es que esos nexos de corrupción se investiguen y quienes tengan algo que responder frente a la justicia lo hagan. No debe haber impunidad para nadie en este tipo de actos.

Pero, al mismo tiempo, es importante evaluar el impacto que sobre la vida de múltiples personas tienen las decisiones del Gobierno de la República, pues mientras se determina si hubo o no corrupción, y en medio de los peores efectos de la pandemia del coronavirus, la suspensión de pagos de dos empresas ligadas a la acerera AHMSA pueden poner de cabeza la economía de miles de familias de la entidad.