En las vísperas de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, es común que surjan cuestionamientos respecto al incremento en los recursos asignados para ciertas instituciones públicas. Dichos razonamientos se sustentan, en muchas ocasiones, en una preocupación legítima respecto a que el Estado Federal Mexicano deje de atender actividades que son prioritarias para el desarrollo social.

Por otra parte, también se pueden encontrar planteamientos que, de manera deliberada, recurren a argumentos emocionales para desvirtuar cualquier asignación presupuestaria contraria a lo que, colectivamente, se visualiza como socialmente justificable.

Este tipo de manifestaciones son insostenibles en la práctica ya que, en el extremo, sería inaceptable, por ejemplo, cualquier peso destinado al funcionamiento de las oficinas públicas. En la realidad, el Estado necesita una estructura para funcionar, y esto representa un costo económico. La clave es que se rindan cuentas de los recursos utilizados.

Como es de conocimiento de la opinión pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuenta con facultades más amplias derivadas de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En particular, se incrementa el universo auditable, toda vez que las participaciones federales ahora son sujetas a la fiscalización de la institución, lo que significa que el monto susceptible de ser revisado, respecto a estados y municipios, se duplicará.

Asimismo, la ASF tiene la posibilidad de auditar el ejercicio fiscal en curso o ejercicios previos a la Cuenta Pública que se está revisando, cuando medie denuncia debidamente fundada y motivada.

Adicionalmente, uno de los temas que han generado mayor expectativa entre la opinión pública se refiere a la posibilidad de que la ASF lleve a cabo la labor de investigación y substanciación ante las autoridades pertinentes, en el caso de que se presuma la existencia de faltas administrativas graves, vinculadas con la ejecución de la fiscalización superior.

La implementación de este nuevo mandato —que incluye, además de las funciones tradicionales que desempeñaba la ASF, las arriba mencionadas—, conlleva una reestructuración institucional que, evidentemente, implica el requerimiento de recursos financieros adicionales. De manera específica, es necesario un incremento de alrededor del siete por ciento nominal, es decir, cuatro por ciento en términos reales.

Se pretende que estos recursos adicionales contribuyan a consolidar las condiciones adecuadas para que la ASF asuma sus nuevas atribuciones de manera gradual, realista y responsable.

Es importante aclarar que el presupuesto solicitado estará destinado, exclusivamente, a cumplir con las nuevas tareas definidas en el contexto del SNA. La construcción de nuestra nueva sede se terminará de cubrir con los recursos del presupuesto de este año, ya que, tal como estaba previsto, se finalizarán los trabajos correspondientes.

Deseo reiterar el compromiso de la ASF respecto a cumplir con las expectativas que distintos sectores han depositado en ella, para fungir como uno de los ejes principales del SNA. Valoramos esta confianza y la posición privilegiada que ocupamos en términos de credibilidad; representa un reto histórico y debemos estar preparados, así como contar con los medios suficientes para estar a la altura de las circunstancias.