Uno de los vicios más arraigados en el sector público —no únicamente, pero sobre todo— es el del “coyotaje”, una práctica de corrupción que beneficia indebidamente a funcionarios públicos y algunos particulares relacionados con ellos, pero que nos perjudica a todos pues encarece artificialmente los bienes y servicios que adquiere el Gobierno.

¿Por qué el coyotaje se encuentra tan arraigado? Una parte importante de la respuesta a la pregunta anterior es la existencia de un ambiente de opacidad alrededor de la actividad pública, opacidad que permite la existencia de empresas —y empresarios— “fantasma” que obtienen contratos y ganan licitaciones de forma inexplicable.

O quizá habría que precisar el término y señalar que la forma en la cual tales empresas y empresarios obtienen contratos y ganan licitaciones realmente es muy explicable: se trata de contratos y licitaciones “arreglados” para que los obtengan o los ganen “las empresas correctas”.

¿Cuál es el problema con ello? Básicamente que los “coyotes” en realidad no son empresarios ni cuentan con una empresa capaz de proveer el servicio, surtir los bienes o ejecutar la obra en cuestión, sino que obtienen el contrato para luego “vendérselo” a quien sí puede cumplir con los términos del contrato, a cambio de una “comisión”.

Y para que el proceso genere ganancias para todos los involucrados, resulta indispensable “inflar” el costo del bien, el servicio o la obra, pues de otra suerte alguien tendría que perder y con ello se rompería la cadena de complicidades indispensable para que el esquema funcione.

El modelo es simple, ha funcionado en nuestra cultura desde hace mucho tiempo y es la razón detrás de muchas fortunas repentinas.

¿Por qué es tan difícil erradicarlo? Porque no existe voluntad para ello y porque las cadenas de complicidad, particularmente en el sector público, se encuentran profundamente enraizadas y suelen llegar hasta la parte más alta de los organigramas.

Por ello es indispensable —para combatir con eficacia este tipo de prácticas— que la decisión sea tomada al más alto nivel y desde allí se instrumenten las acciones necesarias para erradicarlas.

Un buen ejemplo de esta determinación puede ser el anuncio realizado por la Comisión Federal de Electricidad en el sentido de que implementará un esquema de adquisición de carbón mediante el cual se erradicará el coyotaje que en Coahuila ha sido historia común desde que el citado mineral se utiliza para producir energía eléctrica.

Habrá que estar atentos, por supuesto, a que el esquema realmente funcione y que los expertos en coyotaje no terminen burlando nuevamente los controles que pretenden establecerse. Y si eso ocurriera, pues cabría esperar el refinamiento del método por parte de CFE, lo cual hablaría de una auténtica voluntad para evitar que quienes sólo medran con sus posiciones políticas dejen de enriquecerse a costa de todos los demás.