Las pérdidas económicas por el grado de violencia en el país multiplican por 30 el gasto de gobierno en seguridad ciudadana y procuración de justicia. Mientras a este último rubro se destina 0.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), los efectos de la inseguridad acaparan 21.3 por ciento, poco más de una quinta parte de toda la actividad económica de 2019, reporta el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Detalla que en los pasados cinco años paliar este problema y sus efectos ha costado 20 billones 249 mil 300 millones de pesos, ocho de cada 10 de lo que vale actualmente la actividad económica en México. Sin embargo, mientras el impacto económico de la violencia incrementó 39.9 por ciento entre 2015 y 2019, la tasa nacional de homicidios lo hizo en 85.9, prácticamente al doble.

El IEP, con sede en Australia y vinculado con organismos como el Instituto Aspen, señala que en esos cinco años los delitos violentos aumentaron 40 por ciento, particularmente los casos de agresión sexual contra mujeres, que se incrementaron 60 por ciento.

Asimismo, los delitos en que se emplean armas de fuego se duplicaron en dicho lapso y el narcomenudeo aumentó 75 por ciento.

Sólo en 2019 sumó 4 billones 573 mil 100 millones, ocho veces más que el gasto público en salud y seis por arriba del de educación. Por habitante, la problemática se tasó en 36 mil 129 pesos, prácticamente lo mismo que cinco salarios mensuales promedio en el país, detalla el Índice de Paz México.

Las estimaciones agrupan los efectos económicos de los homicidios, el crimen violento, el organizado, el miedo, la seguridad privada, el costo en armamento, el gasto militar, en seguridad ciudadana y en los sistemas de justicia.

Nada de buenos resultados

No hay buenos resultados, sigue incrementando la violencia, resumió Carlos Juárez, director del IEP en México, durante la presentación del informe. El Índice de Paz del país se deterioró 4.3 por ciento respecto al año pasado, y lo resintieron 23 entidades. Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Nayarit son identificadas como las más pacíficas, mientras en el extremo se enfilan Baja California, Colima, Quintana Roo, Chihuahua y Guanajuato.

Ello se debe en gran parte al incremento de 24.3 por ciento en la tasa de delincuencia organizada, detalló el investigador. También en 2019 el impacto económico de los delitos asociados con el crimen organizado, como la extorsión y el secuestro, incrementó 20.7 por ciento, mientras el resultado del robo y el miedo a la violencia disminuyeron en 3.1 y 0.7, respectivamente.

El estudio evidencia que el crimen organizado no cede pese a que de 2007 a la fecha ha incrementado en 84 por ciento el gasto del Estado para contenerlo (los mayores aumentos en 2009, 2011 y 2014). Actualmente hay 18 conflictos activos entre cárteles, mientras en 2006, antes de que el gobierno de Felipe Calderón tomara la ofensiva, se resumían a tres.

Además de la dispersión de conflictos, que han llegado a vincular a 42 organizaciones criminales, se estima que 175 mil personas han muerto durante los 13 años de la guerra contra las drogas.

La crisis en México se llama crisis de homicidios, recalcó el investigador, dado que es la principal causa de muerte entre los 15 y 44 años de edad y la cuarta más común en niños de 5 a 14 años. El año pasado asesinaron a 35 mil personas; de ellas, se estima que 65 de cada 100 son narcoejecuciones.

Carlos Juárez explicó que si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una visión más amplia en materia de violencia, no se están destinando suficientes recursos y las secretarías de Estado trabajan de manera desarticulada.

Se necesita poner los presupuestos donde están los discursos (...) hace falta invertir en las instituciones de impartición de justicia, las tasas de 97 por ciento en impunidad son escandalosas, agregó.

En los últimos dos años, a medida que ha aumentado el gasto militar –12.8 por ciento–, se ha recortado en 8.6 y 14, respectivamente, el dinero al sistema de justicia y a seguridad.