SAN SALVADOR.- El ombudsman salvadoreño, David Morales, dijo hoy que la Corte Suprema "tiene una oportunidad histórica" de hacer justicia en el caso de la matanza de 6 sacerdotes jesuitas en 1989, tras la captura de 4 de los involucrados.

"La Corte Plena salvadoreña tendrá una nueva oportunidad histórica de colocarse al lado de la justicia en el caso de los Jesuitas, la justicia siempre debe ser el camino", publicó en su cuenta oficial de Twitter.

En 2012, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó la extradición de varios de los señalados en el caso Jesuitas y en 2011 determinó que las difusiones rojas de la Interpol son "un mecanismo eminentemente de búsqueda y localización policial de fugitivos" que no autorizaba la captura.

En agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional desestimó este último alegato y señaló que las "notificaciones rojas exceden de ser órdenes de localización de imputados" porque "también habilitan la captura del incoado o la limitación de sus desplazamientos".

El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco reiteró el 5 de enero la orden de detención de los militares salvadoreños para poder pedir su extradición a España emitida en 2011.

Cuatro de los 17 militares salvadoreños involucrados en la matanza de los padres fueron capturados en las últimas horas por la Policía Nacional Civil (PNC) del país centroamericano.

"La PNC cumple su deber, es una buena noticia para la democracia (...). La impunidad no es un derecho humano; luchar contra ella es un deber de los Estados, los pueblos y las personas", sostuvo Morales.

Los detenidos en los últimas horas son el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez, todos militares retirados.

Las víctimas de la masacre, perpetrada en el marco de una ofensiva guerrillera, fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como su colaboradora Elba Julia Ramos y su hija Celina.

Una ley de amnistía general emitida en 1993 por el Congreso no permite juzgar a los implicados en crímenes de guerra durante el conflicto civil que vivió ese país entre 1980 y 1992.