La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó amparar al líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien buscaba que la Secretaría del Trabajo lo indemnizara por los boletines que se emitieron en su contra, cuando Javier Lozano Alarcón, era el titular de esa dependencia, éste último que también realizó comentarios contra Napo, época en la que se le negó la toma de nota por ser un prófugo de la justicia.

Los ministros respaldaron el actuar de la institución federal y de su entonces titular Javier Lozano Alarcón, porque además de que calificaron de prófugo a Napo, informaron que Gómez Urrutia no acreditó tener una relación laboral mínima de cinco años con el sindicato minero; que existían averiguaciones previas en su contra por los delitos de administración fraudulenta y fraude específico en su modalidad de administración fraudulenta y asociación delictuosa.

Gómez Urrutia demandó el pago de una indemnización por daño moral alegando que la información difundida, constituía en una actividad administrativa irregular del Estado, misma que le causó una afectación a su honra y dignidad.

Los ministros señalaron que el derecho a la información obliga a las autoridades a hacer pública toda aquella información que sea considerada de interés público, y que pueda trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas.

De igual manera, determinaron que el caso de Gómez Urrutia constituía un tema de relevancia pública, en el que se encontró justificada la difusión de la información por parte de la Secretaría del Trabajo.

El caso de Gómez Urrutia, apuntaron los ministros, atiende especiales circunstancias, porque es un personaje público, quien se vio inmiscuido en uno de los conflictos mineros más relevantes en los últimos años y al haber pretendido ejercer un cargo directivo en uno de los sindicatos más importantes del país, cuyos agremiados tenían derecho a ser informados sobre un suceso que repercutía en el ejercicio de sus derechos laborales.

En agosto de 2014, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal puso fin a ocho años de litigio entre Napo y la PGR, ya que determinó que no había elementos para librar una nueva orden de aprehensión contra el dirigente minero, resolución con la que exoneró a Napo de la acusación de fraude y desvío de 55 millones de dólares en agravio del gremio que encabeza.

En abril de 2014, otro tribunal federal confirmó la orden de aprehensión contra Gómez Urrutia, quien en 2006 escapó a Canadá para evitar ser detenido por la PGR, luego de que lo acusó de un desvío multimillonario.