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Corte quita 'candado' con el que Javier Duarte ocultó gasto en comunicación
Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la clasificación total y automática que el gobierno de Javier Duarte hizo de sus gastos de comunicación social y pagos a medios de comunicación, en los cuales se habrían erogado al menos 13 mil millones de pesos. La determinación abre la puerta a que se puedan conocer las facturas, contratos, convenios y demás documentos relacionados.
La Primera Sala de la Corte aprobó por 4 votos a 1 el proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, del que Animal Político tiene copia, en donde se señala que el gobierno de Duarte atentó contra los principios de máxima publicidad de la información establecidos en la Constitución, al reservar de plano todos los pagos a medios, pese a que en ellos se utilizaron recursos públicos.
El caso de la opacidad en los gastos de publicidad oficial en Veracruz llegó al máximo tribunal del país luego de que Miguel Ángel Yunes, hoy gobernador de Veracruz, intentara desde 2013 – sin éxito – que la administración de Duarte revelara el monto de los pagos a medios de comunicación por concepto de difusión de las actividades de su gobierno, y que además entregara copia de los convenios firmados, así como de las facturas y los cheques correspondientes.
Los datos fueron solicitados vía transparencia a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno, encabezada en aquel momento por Gina Domínguez (hoy procesada por hechos de corrupción), pero esta los negó citando como argumento el denominado Acuerdo CAIR-053-2013, en el que se establecía que la información de Comunicación Social, entre ella la que involucraba erogaciones de recursos, estaba clasificada como reservada.
Dicho acuerdo se sustentaba en dos artículos de la antigua Ley de Transparencia del gobierno de Veracruz donde se establecía como reservada toda información cuya difusión pudiera afectar las finanzas estatales de algina forma.
“Si se divulgaran los costos individualizados de cada uno de los actos que realizó la Coordinación General de Comunicación, al insertar publicidad en los medios de comunicación, no se permitiría al Estado controlar o influir substancialmente en los precios de bienes o servicios, afectando con ello el erario público” argumentó el área de Comunicación Social
Ante la negativa de proporcionar la información, Yunes promovió un recurso de revisión en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, pero este validó la postura de Comunicación Social de no dar a conocer los datos.
El caso llegó ante la Sala Superior del Tribunal Constitucional de Veracruz, la cual no estudió de fondo el asunto pues sostuvo que el Acuerdo CAIR-053-2013, que clasificaba la información de comunicación social, era suficiente para no entregar los pagos a los medios realizados entre 2010 y 2014.
Inconforme con dicha resolución, Yunes llevó el asunto ante un Tribunal Colegiado Federal cuyos magistrados –erróneamente según la Corte – dijeron que no podían analizar el referido acuerdo por no tratarse de una ley. En ese contexto, en enero de 2015 el caso fue promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tras analizarlo aceptó su admisión, pues se trataba de una hecho con elementos inéditos y del que no hay antecedentes, por lo que se justificaba su intervención.
Opacidad sin sustento...