Por considerarlas improcedentes, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, desechó las impugnaciones contra la Ley de Seguridad Interior.

De esta forma fueron desestimadas las acciones promovidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, además de la presentada por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.

Fue admitida la controversia presentada por el Ayuntamiento de Parral, Chihuahua, bajo el alegato de que la ley vulnera el municipio libre; sin embargo, no puso el tema a consideración del Pleno, argumentando que sólo el Ejecutivo o el Congreso pueden solicitar a la SCJN trato preferencial para una controversia.