Reducción de juzgados y despido de cuatro funcionarios de alto nivel han sido hasta el momento las consecuencias del caso Ficrea en el Poder Judicial de Coahuila, que aún está a la espera de que se castigue a más responsables ante el desfalcó de casi 126 millones de pesos.

Durante la semana, el TSJE determinó cesar de sus funciones a María del Carmen Ibarra y Margarito Murillo, quienes se desempeñaban como directora y subdirector del área de Recursos Financieros.

También fue cesado Salvador Balderas, jefe del Departamento de Auditoría Interna, quien se une también a la salida en junio pasado de Héctor Alvear como titular de la Oficialía Mayor.

El cierre de juzgados también ha sido otros de los efectos del “Ficreazo”, ya que entre los motivos del cierre el Consejo de la Judicatura ha señalado que hay cuestiones “financieras”.

A mediados de año, VANGUARDIA informó del cierre definitivo de tres juzgados civiles en los municipios de Allende, al norte del Estado; Francisco I. Madero y Matamoros, en La Laguna.

El cierre de dichos juzgados desencadenó protestas de abogados, trabajadores y ciudadanos, sin embargo, el presidente del Poder Judicial de Coahuila, Gregorio Pérez Mata, dijo que se hizo porque no tenían la suficiente demanda.

Sin embargo, el acuerdo del Consejo de la Judicatura que da pie al cierre de los juzgados reconoce que además de la demanda, el Poder Judicial no tiene recursos económicos suficientes. 

Ficreazo...

La fallida inversión asciende a 126 millones de pesos.

> Hasta el momento, el titular del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata, se mantiene inamovible.

> Cuatro funcionarios de primer nivel han sido despedidos.

> Tres juzgados han sido cerrados por falta de recursos (en Francisco I. Madero, Allende y Matamoros.