Estudios encargados por el gobierno de Nuevo León concluyen que la industria pesada altamente contaminante que opera en la zona metropolitana de Monterrey debe reubicarse o instalar tecnologías anticontaminantes y usar combustibles más limpios.

Sin embargo, no hay planes concretos de autoridades locales para llevar a cabo este plan. Aunque la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, encabezada por Manuel Vital, informó que dichos estudios, publicados hace casi un año, son a guía para combatir la contaminación en el estado, al momento no han hecho anuncio alguno sobre una de sus partes torales: actuar contra el poderoso sector industrial.

El documento del Centro Mario Molina plantea prohibir el uso del combustóleo en toda la metrópoli para reducir significativamente las emisiones de PM2.5, partículas suspendidas altamente peligrosas para la salud, así como el Dióxido de Azufre (SO2), atribuidas en forma importante a la industria.

Cifras del Gobierno de Nuevo León revelaron que en 2019 las PM2.5 reportaron 45% más días por encima de la norma recomendada que en 2018.

Además, otros informes oficiales (Pro Aire) han confirmado que 11% del SO2, precursor a su vez de las PM2.5, lo genera la industria química del municipio de García, al poniente de la zona metropolitana de Monterrey.

ABC Noticias publicó que, según expertos, el sector industrial opera bajo normas obsoletas de combustión, que datan de 1994 y que según las leyes vigentes deben actualizarse cada cinco años.

Especialistas consultados opinaron que esta falta de progreso se debe en gran medida al poder que ejercen los industriales en Nuevo León, y a la corrupción.

´AUTORIDADES LAXAS´
El sector industrial es favorecido, según especialistas, por la laxitud de autoridades locales y federales.

En entrevista el subsecretario de Protección al Ambiente de Nuevo León, Martín Mendoza Lozano, reconoció que "siempre va a haber quien aproveche esos huecos y vacíos para acomodarse hacia el lado fácil".

Además, el Gobierno estatal se deslinda parcialmente del problema al decir que no tiene injerencia en industrias como la química, una de las más contaminantes y que tiene entre sus representantes a Álcali, propiedad de Vitro, ubicada en García, recientemente cuestionada en videos de redes sociales por sus emanaciones.

Mendoza Lozano dijo que el gobierno estatal ha solicitado a Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) que le transfiera parte de sus atribuciones, aunque la dependencia se ha negado.

A nivel municipal, el espectro de acción es aún menor. El alcalde de García, Carlos Guevara Garza, declinó dar una entrevista para esta investigación y envió un comunicado para decir que en el municipio están "muy al pendiente de los reportes ciudadanos" e incluso han colaborado en la "clausura de varias empresas".

Sin embargo, no dijo qué empresas ni informó fechas o causas de las clausuras.

PODERÍO INDUSTRIAL
Algunos opinan que el desafío se centra en la corrupción económica y política. "Si le pides al gobierno que actúe, a lo mejor va a intentar, pero a lo mejor se le atraviesa alguna empresa que le dice: ´no, porque no te pago tal proyecto´ o ´no porque no quiero´ o ´ten un moche´", advirtió el urbanista Gabriel Todd.

"Es el juego de: tal industria o tal cámara no quiere y entonces tú gobierno, no le mueves, no informas, y además tenemos normas laxas", amplió.

Por su parte el ecologista Guillermo Martínez Berlanga todo "se resume a que estamos manejados por una ´ecomafia´. Ellos operan cómo medir el aire, cuántas estaciones poner, dónde ponerlas, a qué industria se le toca y a cuál no".

Según el activista, los empresarios han manejado el medio ambiente en Nuevo León en los últimos años, a través de la Caintra, cámara local de la industria.

Ellos, aseguró, impusieron a los funcionarios que manejan el sector medioambiental en el estado, como Manuel Vital, secretario de Desarrollo Sustentable, con una trayectoria de tres décadas en el sector inmobiliario, y Martín Mendoza Lozano, subsecretario de Protección al Ambiente, quien trabajó 22 años para Caintra y fue director del Instituto para la Protección Industrial (IPA) de ese organismo.

"No se aplican ni las normas ni los reglamentos porque ellos (los industriales) son juez y parte", sentenció Guillermo Martínez Berlanga.