Uno de los signos distintivos de la actividad gubernamental en México —lo sabemos todos desde hace demasiado tiempo- es la corrupción. Traficar con influencias y beneficiarse del paso por el sector público representa uno de los “deportes nacionales” y buena parte de las fortunas privadas sólo se explican sino a partir de la connivencia con el poder.

Las denuncias sobre “enriquecimiento inexplicable” —que en realidad en muy fácil de explicar— se cuentan por millares en nuestro País: no existe un sólo municipio, por pobre o pequeño que sea, o por apartado que se encuentre, en el cual no sea posible escuchar la historia de algún individuo, de alguna familia, cuya prosperidad se debe a la conquista del poder público.

También es de sobra sabido que el verdadero problema detrás de la corrupción es la impunidad y que esto es así porque en el proceso de obtener ganancias privadas a partir de los fondos públicos lo primero que se construye es una cadena de complicidades capaces de garantizar protección.

Por ello, aún cuando los hechos se vuelvan evidentes, e incluso cuando estos son investigados por alguna autoridad, los beneficiarios de la corrupción logran escapar al castigo. La razón fundamental de ello suele ser que la cadena de corrupción llegan “tan alto” que entonces “alguien” se encarga de frenar la investigación.

La lección es simple y puntual: si denunciar abiertamente la corrupción puede no conducir a nada, “lanzar indirectas” constituye una auténtica pérdida de tiempo y un despropósito.

El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a los señalamientos realizados por el presidente del Consejo Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Adolfo Arballo Luján, respecto del presunto “favoritismo” en que incurre el Gobierno de la República al asignar los contratos de obra, circunstancia que tiene en “situación complicada” a la práctica totalidad de las empresas agremiadas en dicha Cámara.

Lo que el dirigente empresarial parece haber querido decir es que el gremio que él dirige ha detectado actos de corrupción en los procesos de asignación de contratos de obra pública por parte de la Federación, pero por alguna razón decidió no decirlo con todas sus letras.

Es de suponerse que la intención del líder de los constructores sea la de llamar la atención de los poderes públicos respecto del problema que implica el que un número importante de empresa pequeñas y medianas se encuentren al borde del colapso y que ello sirva para que se rectifiquen las políticas del Gobierno de la República en este rubro.

Pero mientras no se utilicen las palabras correctas y el tono adecuado, difícilmente puede esperarse que exista rectificación. Porque si cuando las denuncias son explícitas y se exhiben pruebas de los hechos y sus consecuencias, resulta muy difícil hacer reaccionar a las instituciones públicas, lanzando solamente indirectas difícilmente alguien habrá de voltear a ver siquiera