Andrés Manuel López Obrador llegó a la silla presidencial enarbolando la bandera anticorrupción: aseguró que en el gobierno de la Cuarta Transformación se erradicaría las corruptelas y el nepotismo… pero la realidad es muy distinta.

“Lo que hizo Ana Gabriela Guevara es lo mismo que hizo Rosario Robles”, afirman algunos periodistas respecto a la presidenta de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y las observaciones que la Secretaría de Función Pública (SFP) hizo a partir de una investigación que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió realizar.

Rosario Robles es ex funcionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto y la primera en ser procesada de manera penal por el delito de uso indebido del servicio público, equivalente al desvío de 5 mil millones de pesos.

Ante la investigación elaborada, la secretaría tuvo 1,396 observaciones en el caso de la Conade, por lo que se realizaron siete auditorías de las que se desprendieron 22 observaciones y seis quedaron pendientes. Se señaló una serie de irregularidades en las que ha incurrido la Conade en la asignación y comprobación de aparentemente 50.8 millones de pesos que corresponden al fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Proveedores de la Conade tienen nexos con Ana Guevara

La Conade celebró al menos tres contratos con empresas de reciente creación durante el primer año de gobierno. Una de estas empresas seleccionadas, Ostergard Rensen Consultores, tiene como socia a María de Lourdes Karime Balut Escartín, quien fue asistente de la propia directora de la Conade, Ana Guevara, cuando ella fue legisladora en el Senado de la República.

Arrancaron con diferencia de una semana, tienen nombres de inspiración nórdica, protocolizaron sus respectivas escrituras ante el mismo notario, y ‘cruzaron la meta’ el mismo día: el 1 de junio, cuando ambas comenzaron a facturar por asesorías jurídicas a la Conade.

De acuerdo con su acta constitutiva, Ostergard Rensen Consultores fue creada el 26 de marzo de 2019 y se protocolizó el 2 de abril, con un capital de 4 mil pesos. Dos meses después, la Conade le adjudicó de manera directa un contrato por 1.4 mdp por el servicio de “consultoría legal, civil y migratoria”.

Los socios de Ostergard son Jesús Eberth Alonso Ruelas, Rubén Martínez Vega, David González Freyre, y María de Lourdes Karime Balut Escartín, ésta última fue asistente de Ana Gabriela Guevara cuando fue senadora. La exatleta fue legisladora en la Cámara alta entre 2012 y 2018 por el Partido del Trabajo.

Además de su actividad empresarial, Karime Balut es actualmente integrante del equipo ejecutivo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se desempeña dentro del área de Comunicación Corporativa. Bartlett coordinó el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado cuando Guevara trabajaba ahí.

Sin embargo, su socio y director de la consultoría, Jesús Eberth Alonso, confirmó que la exasistente de Guevara forma parte de la empresa Ostergard que vende servicios a la Conade, aunque descartó un posible conflicto de interés.

“Conozco a Karime porque me he dedicado también al derecho migratorio, y ella estaba en la comisión de Asuntos Migratorios (del Senado, que presidía Ana Gabriela Guevara), e intercambiando puntos de vista hicimos una amistad, y entonces ella ni siquiera entró a trabajar a la Conade. No tenemos una comunicación muy fluida, pero hasta donde yo me quedé, iba a entrar a trabajar a CFE. Entonces el tema no es que estuviese trabajando en la Conade”.

Karime Balut trabajó al menos desde 2014 en el staff parlamentario de Ana Guevara, de acuerdo con fuentes consultadas por Quinto Elemento Lab que cuenta con copias de los contratos por honorarios firmados por la hoy socia de Ostergard con el Senado de la República, con fechas de febrero de 2016 y de diciembre de 2017.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Artículo 50) establece que las dependencias deberán abstenerse de contratar a terceros con los que tenga o haya tenido “relaciones profesionales, laborales o de negocios (...) durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación”.

En su escritura pública, Ostergard consigna como propósito social actividades tan variadas que van desde la operación de “bares y salones de baile” hasta la “asesoría en licitaciones y subastas de cualquier tipo y materia para todo”.

Aunque se creó legalmente en marzo del año pasado, la fundación vio la luz desde el mes posterior al triunfo electoral de la actual coalición gobernante.

Con información de El Economista e Infobae