La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de un comunicado, llamó a la sociedad y a las autoridades a rechazar prácticas de corrupción que generan impunidad, desigualdad, pobreza y exclusión social.

Esta práctica, tan arraigada en la cultura mexicana y latinoamericana, le cuesta al país 347 mil millones de pesos al año, lo que representa el 9 por ciento del PIB nacional.

De acuerdo a la CNDH, México está en el lugar 123 de 176 países en materia de corrupción; por lo que urgió al Senado a nombrar al Fiscal Anticorrupción.

La corrupción debilita a todos los niveles, actividades y áreas de las funciones públicas. Esta Comisión Nacional llama a las autoridades de todos los niveles de gobierno y la sociedad civil para unir fuerzas y rechazar hasta su erradicación total las prácticas de corrupción, ya que afectan la calidad de vida de la población”, indica en el comunicado publicado a propósito del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción.

El combate a ese fenómeno debe acompañarse por un ejercicio y asignación transparente de los recursos públicos con enfoque de derechos humanos, en que se priorice la atención a grupos vulnerables y se implementen acciones que fortalezcan de manera progresiva los derechos y el acceso a oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas, agregó la institución.

De acuerdo con el estudio ‘Los Derechos Humanos y la Corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre 2000 y 2014’, elaborado por la CNDH en colaboración con la UNAM, es necesario contar con indicadores e índices oficiales en materia de corrupción y su impacto en el goce y disfrute de derechos humanos, pues los datos existentes aún no permiten construir diagnósticos sólidos, así como desarrollar políticas públicas contra ese fenómeno que debilita a las instituciones democráticas y constituye una de las principales causas de la impunidad.

La CNDH pidió tener en cuenta los instrumentos del ámbito regional como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, que establece mecanismos para combatir este fenómeno, tales como: la asistencia jurídica, la cooperación técnica, la extradición, la confiscación y el decomiso de bienes provenientes de actos de corrupción, concluye el comunicado.