Las corporaciones policiacas mexicanas están en una carrera contra el tiempo: en seis meses vence la prórroga que se otorgó el año pasado para que todos los agentes del país, incluido el personal de guardia y custodia del sistema penitenciario nacional, cuenten con el Certificado Único Policial (CUP). Obtenerlo es requisito indispensable para seguir en el cargo y para ello los uniformados deben aprobar una serie de exámenes físicos, psicológicos, toxicológicos, de conocimientos y de control de confianza. Es decir: si un elemento policiaco no tiene el CUP, en teoría debería estar inhabilitado para el ejercicio de sus funciones. Y no sólo ello: registrar o inscribir en las bases de datos de las instituciones de seguridad pública a elementos que carezcan del CUP, puede implicar sanciones de hasta mil salarios mínimos y de entre 2 a 8 años de prisión. 

Pero en esa proclividad tan mexicana que tienen las leyes de convertirse en letra muerta, nada de esto ocurre en realidad. Más bien pasa totalmente lo contrario: actualmente la mayoría de los elementos policiacos que usted ve en las calles carecen de la certificación y queda claro que ello no ha sido ningún impedimento para que continúen en funciones. En 2016 sólo 1 de cada 4 policías activos en México estaba certificado, por lo que el Consejo Nacional de Seguridad Pública otorgó un plazo de tres años para abatir el rezago, es decir: para el 9 de septiembre de 2019 todos y cada uno de los agentes deberían tener el CUP. Pero como ello no ocurrió, se concedió un nuevo plazo, que finaliza en marzo de 2021.

¿Y cuánto se ha avanzado durante esta prórroga de 18 meses de la que ya se han consumido dos terceras partes? Pues ahora la proporción es de 1 policía certificado de cada 3 que están en funciones. Evidentemente el atraso persiste y muy seguramente la meta no se cumplirá. Ahora, ¿la falta de certificación policial es un detonante de la inseguridad? O, si lo planteamos a la inversa: ¿a mayor número de policías certificados, menor incidencia delictiva? La evidencia muestra que no necesariamente hay correlación entre una cosa y otra, al menos no en todos los delitos. Guanajuato y Colima, por ejemplo, tienen porcentajes de certificación del 82% y 94% y aún así lideran en el ranking nacional de homicidios dolosos. Por el contrario, Yucatán sólo tiene certificado al 26% de su nómina policiaca y, pese a ello, sus niveles de tranquilidad y seguridad ciudadana han sido, históricamente, muy altos, incluso comparables a los de países como Dinamarca o Finlandia.

¿Pero qué dicen los propios policías? Una radiografía completa de su situación laboral, de entorno social e incluso de estado de salud, la ofrece la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, elaborada por el Inegi. Vamos a concentrarnos sólo en dos aspectos: las razones para dedicarse al ejercicio policiaco y las áreas de capacitación en las que los propios agentes se sienten más rezagados.

De entrada, casi nadie en este país es policía por entera vocación. De hecho sólo el 1.4% de los elementos actualmente en funciones señalan la “vocación de servicio” como la causa que los llevó a prepararse y ponerse el uniforme. Sólo un 3.3% se hizo policía para “combatir la inseguridad” y un 5.3% lo hizo por un deseo de “ayudar a la gente”. En los rubros más mencionados, un 30.6% se decidió a ser policía simplemente porque “siempre le llamó la atención” y un 36.5% se enlistó por necesidad económica o simplemente porque estaba desempleado. Sin embargo, apenas un 6.8% de los elementos en activo consideran que el ejercicio policial les ofrece estabilidad económica.

En el aspecto de la formación, el 98% de los agentes expresaron su deseo de recibir al menos un curso que los haga sentir más capacitados. Ello es totalmente lógico, a todos nos gustaría desarrollar nuevas y mejores competencias en el ejercicio de nuestra profesión. Y en el caso de los policías, la mayoría (82%) señaló que le gustaría tener mayor entendimiento sobre el sistema penal acusatorio y un 76.1% quisiera mejorar en las técnicas de presentación de indicios y pruebas en juicios. Es decir, hay una mayor inquietud en capacitarse sobre temas de procuración de justicia que de prevención del delito. Un 67.4%, por ejemplo, mencionó su deseo de capacitarse en los mecanismos de comunicación con la ciudadanía.

Este último aspecto resulta fundamental, considerando que más del 70% de la población percibe a las corporaciones de seguridad como entes poco confiables y poco eficientes. Disminuir el rezago en la certificación de los elementos podría contribuir a mejorar esas percepciones. Habrá que preguntar, por un lado, si los seis meses que quedan de prórroga serán suficientes y, por el otro, si la inminente reducción del gasto operativo del gobierno seguirá minando la capacitación y equipamiento de las corporaciones de seguridad. Lamentablemente hay poco margen para el optimismo.

@ManuSerrato
MANUEL SERRATO
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