Ayer se anunció oficialmente el ingreso de nuestro país a la “fase 3” de la pandemia del coronavirus. Esto significa -aunque no está claro exactamente cómo- el “endurecimiento” de las medidas para restringir la movilidad de las personas.

En algunos lugares, como lo hemos reportado con anterioridad, ya se habían implementado medidas propias de un estado de excepción, es decir, de una situación en la cual se limitan algunos derechos de los ciudadanos, como el de libre tránsito.

En el caso de Coahuila, el Gobierno del Estado señaló ayer que las “medidas adicionales”, a coordinarse con las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, consistirán, entre otras cosas, en “redoblar los horarios de los filtros que se encuentran instalados en las fronteras de las ciudades y las aledañas con otros estados”.

No hace falta, desde luego, que las autoridades sean explícitas en el significado de la expresión “endurecimiento de las medidas”, pues la única forma de endurecerlas es usando la fuerza para obligar a las personas a no salir de sus casas, en tanto superamos el pico de la pandemia.

Es imprescindible, sin embargo, que exista claridad absoluta respecto de lo que significan las restricciones adicionales a la movilidad de las personas pues, como ya lo hemos señalado anteriormente, lo peor que se puede hacer es dejar en manos de policías y militares la decisión de quién sí, y quién no, puede salir a la calle y por qué motivos.

En este sentido, la comunicación clara de las medidas y, sobre todo, el señalamiento de su fundamento constitucional y legal, debiera ser una asignatura a la que las autoridades no le “saquen la vuelta”.

En particular, es necesario que estén claras las medidas que pueden usar quienes se harán cargo de hacer cumplir las disposiciones, pues se corre el riesgo de incurrir fácilmente en excesos, como los registrados hace unos días en Monclova, donde las autoridades municipales comenzaron a realizar arrestos por el hecho de encontrar en la calle a personas “que no tenían justificación para ello”.

Nadie está en contra de que se proteja la salud de todos, ni se niega la responsabilidad que tenemos de forma individual los ciudadanos de contribuir a frenar la propagación de la pandemia. Pero las medidas para garantizar que ello ocurra no pueden diseñarse -y menos aún implementarse- a costa de los derechos individuales.

¿Cómo se garantizará que no se incurra en abusos? ¿De que forma se evitará que el exceso en el uso de la fuerza, un vicio común a todos los cuerpos policiales y militares en México, no se convierta en el lugar común de la Fase 3 de la pandemia?

Se trata de preguntas que no solamente exigen una respuesta, sino la asunción de responsabilidades por parte de quienes se encuentran al frente de los gobiernos y tienen, como parte ineludible de sus obligaciones, el proteger, garantizar y respetar los derechos de los ciudadanos.