Algo está muy mal en un país cuando los jueces constitucionales deben obligar al Poder Ejecutivo a reaccionar frente al arribo de una pandemia que constituye un riesgo para la salud pública. Y eso es justamente lo que ocurrió este jueves en México.

Mientras el presidente López Obrador insistía en su tradicional conferencia de prensa “mañanera” en mostrar sus “amuletos protectores” y plantear al combate a la corrupción como un elemento que tendría algún efecto en el control del COVID-19, un juzgado federal consideró que hay “inactividad y falta de intervención oportuna” por parte del Ejecutivo.

La Juez que atendió la solicitud de amparo, presentada por integrantes de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, consideró válidos los argumentos de los quejosos que denunciaron “la omisión de establecer medidas se seguridad eficaces para evitar el contagio” por el coronavirus en nuestro país.

Por su parte, y sólo después de que se generara una fuerte presión, el Consejo de Salubridad General se reunió ayer y catalogó “como una enfermedad grave de atención prioritaria” la pandemia de coronavirus. La declaración es un acto relevante, pero eso no es todo lo que se necesita.

Porque, como ya se ha dicho, a la par de las medidas sanitarias es indispensable el anuncio de acciones para mitigar los efectos negativos que tendrá en la economía la medida que tarde o temprano deberá adoptarse: la restricción de la movilidad social.

Y mientras en nuestro país se sigue evadiendo el tema, en el mundo se acumulan los anuncios de líderes políticos que infunden confianza entre sus ciudadanos dejando claro que se atenderá, además de la salud, la contingencia material que implica suspender las actividades productivas.

El Consejo Coordinador Empresarial solicitó ayer de manera formal que el Gobierno de la República ponga en práctica medidas “contundentes” y de aplicación inmediata que aseguren la liquidez del mercado interno, estimulen el consumo privado, faciliten y estimulen la inversión privada y, en general ayuden a preservar el empleo.

Diversos especialistas han dicho que frente a la crisis económica global será necesario adquirir deuda pública, algo que el gobierno de López Obrador parece no querer siquiera mencionar porque considera que eso implicaría incumplir una de sus principales promesas de campaña.

El problema es que estamos a las puertas de una crisis económica que puede tener consecuencias mucho peores si no se adoptan con celeridad medidas que apoyen la planta productiva nacional y protejan al amplísimo sector de la población mexicana que vive en la economía informal.

Frente al cúmulo de temas que están siendo ignorados por el Gobierno de la República, desde luego que no extraña la intervención de la justicia federal para forzar a la acción a un equipo que pareciera no tener prisa alguna para tomarse en serio el problema.