Hay claros indicios de que equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador tiene la encomienda de revisar los gastos que pueden impactar en el presupuesto federal de 2019. El rubro de la ciencia, la tecnología y la investigación no están exentas: la próxima encargada del sector “tomó el toro por los cuernos” para hacer una petición expresa de detener ciertos procesos lo que tendría un impacto en las becas. La respuesta oficial es que ellos no pueden hacer ese tipo de pausas pues se incurre en ilegalidades: la controversia está en marcha.

Primero debemos recordar qué es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se trata de un organismo público descentralizado del Gobierno Federal dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología: tiene la responsabilidad oficial para elaborar las políticas nacionales al respecto.

- A través de él es posible para los estudiantes conseguir apoyo económico a fin de realizar estudios de posgrado en universidades de prestigio dentro y fuera del país.

- Evalúa los programas de posgrado que ofrecen instituciones de educación superior de México. 

- Administra el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), donde reconoce con un nombramiento especial y un estímulo económico a investigadores.

- Administra fondos financieros como el programa Reniecyt, a través del cual se ofrece financiamiento a proyectos de alto desarrollo técnico y tecnológico.

- De su apoyo dependen 27 centros públicos de investigación.

La futura directora, María Elena Álvarez-Buylla Roces, solicitó en un oficio al actual titular, Enrique Cabrero, suspender toda convocatoria abierta "que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para el ejercicio 2019". El documento fue filtrado en redes sociales, donde desató críticas.

En la carta emitida el 24 de septiembre las peticiones son muy puntuales: cancelar las convocatorias emitidas después del 31 de julio, entre ellas el Programa de apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de Innovación; también el Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología, además de otros contratos, como el que se tiene con el Fondo de Cultura Económica y uno del personal operativo que administra su revista digital y las redes sociales. 

En el mismo sentido hizo una solicitud de sucesión para revisar cómo están las finanzas del organismo y poder sustentar nuevas propuestas; se le pide aclarar (a la actual administración) cuáles de estos instrumentos van afectar la gestión del próximo año. En otras palabras ponerle una “gran lupa” al manejo de los recursos, si están “sanos” o no, para ver qué tanto van a afectar a las asignaciones que recibirán desde el 1 de diciembre cuando tomen control de la operación.

El asunto recibió críticas al considerar que se pedía detener la operación del Conacyt; sin embargo Álvarez-Buylla Roces explicó en un comunicado que “sí se solicitó suspender las convocatorias que comprometan recursos del próximo ejercicio. Sin embargo, la suspensión de ninguna manera implica la cancelación de éstas”; fue enfática en indicar que todas estas medidas están siendo analizadas.

Por lo pronto la actual administración informó que todas las “convocatorias en proceso seguirán adelante; mediante un comunicado, la institución señaló que ningún apoyo será revocado pues incumplirían en sus estatutos. “ Su cancelación significaría una afectación a derechos de terceros e implicaría faltas administrativas en términos de los artículos 6 y 49 [… ] de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”. Esto es, que las becas, apoyos y los gastos programados simplemente no se detienen.

La ciencia y la investigación para el desarrollo de tecnología han sido maltratadas en el sexenio que está por terminar. En el presupuesto federal de 2016  se tuvo un recorte de 9.3 por ciento en el rubro; ello se tradujo en la disminución en el número de becas, además de que no se otorgaron beneficios a estudiantes de nuevo ingreso.

En paralelo trascendió en columnas periodísticas mala organización y gestión del Conacyt para estudiantes de posgrado en universidades tan prestigiosas como Oxford o Stanford: se denunciaron atrasos en colegiaturas desde 2015, incumplimiento de pagos al grado de que un cónsul pidió un remedio "urgente a fin de evitar un daño en la imagen de nuestro país".

El actual director general Enrique Cabrero Mendoza destacó el 14 de agosto pasado que aunque se invirtió bastante en la presente administración federal, todavía quedan muchos pendientes; consideró que “es importante que los sexenios se encadenen en un proyecto mucho más ambicioso del que nuestro país tiene que ser en ciencia y tecnología”.

El expediente está abierto, justamente como parte de una larga cadena de revisiones  y aperturas en el próximo gobierno, en donde es muy probable que aparezca más de una sorpresa sobre malos manejos, opacidades y “abismos” de irregularidades.