El éxodo en la sierra de Guerrero es una realidad. De dos años a la fecha se contabilizan 5 mil familias desplazadas de sus comunidades por la violencia generada entre las organizaciones criminales que disputan el control de los plantíos de amapola para obtener goma de opio, procesarla y lograr miles de dosis de heroína.

La región comprende 14 municipios y mil 287 comunidades, algunas han quedado completamente solas. En Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, ya huyeron 70 familias. Quedan 300.

De la cadena productiva ellos son los menos beneficiados. Más de 100 mil campesinos de la sierra guerrerense dependen de la siembra de amapola para mantener a sus familias.

Los campesinos –dice Arturo López Torres, ex comisario de Filo de Caballos– trabajan en la sierra contra tres enemigos: las inclemencias del tiempo, la destrucción de los plantíos por el Ejército y los grupos del crimen organizado.

Ese último enemigo también genera un desabasto de alimentos, que no haya médicos o maestros que quieran subir a esas comunidades, tampoco hay energía eléctrica en algunos poblados.

En la sierra hay un desabasto de alimentos por la violencia. Hay mucho desplazamiento en las comunidades y se van a Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Zihuatanejo; inclusive a Ciudad de México o Morelos, comenta López Torres.

Buscan la legalización del cultivo de la amapola con fines medicinales y así bajar los índices de violencia tanto en Guerrero como en varias entidades del país. Desean regular los mercados, los precios.

Hay crisis: antes, el kilo de goma de opio la vendía hasta en 20 mil pesos; hoy, al campesino guerrerense no le dan más de 3 mil pesos, mientras que en países europeos en los que está legalizada se vende hasta en 30 mil pesos el kilo.

De un kilo de goma, los cárteles pueden sacar hasta 20 mil dosis de heroína con ganancias hasta de 20 millones de pesos.

Es una cuestión muy difícil, por más de 50 años la sierra de Guerrero se ha dedicado al cultivo de amapola. Se ha hecho de forma indiscriminada porque estamos bajo un régimen completamente ilícito, indica Arturo López, uno de los que impulsa la legalización.

Antes –continúa– había un control, pues el mismo gobierno los dejó ser, pero eso se perdió. Se diseminaron los grupos y ahora es un cáncer que se establece en todo el país, por eso no lo pueden detener si no hay voluntad política.

Por levantar la voz y pronunciarse para legalizar los plantíos de amapola desde hace seis años, Arturo denuncia que fue perseguido junto con otros comuneros: 81 de ellos fueron a prisión.

Necesitamos tener un control sobre la goma de opio. Tenemos que ver las condiciones en que se pueda dar la legalización. Podría ser que el gobierno sea el que acopie lo que le vendan los campesinos y estandarizar los precios en el marcado, porque ahora los grupos criminales definen el precio, agregó.

La región de la sierra comprende comunidades de los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Eduardo Neri, Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Petatlán, San Miguel Totolapan, Tecpan de Galeana, Zihuatanejo de Azueta y Zirándaro.

Reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) refieren que en 15 años los municipios en los que se han erradicado más hectáreas de plantíos de amapola son General Heliodoro Castillo, con 19 mil 780 hectáreas; Chilpancingo, 7 mil 644, y Leonardo Bravo, 5 mil 371.

Entre 2000 a 2015, en San Miguel Totolapan destruyeron 15 mil 800 hectáreas; Ajuchitlán del progreso, 4 mil 129; Coyuca de Catalán, 3 mil 459; y Zirándaro, mil 300 hectáreas.