La reforma a la ley de la Industria Eléctrica que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podría tener un costo de casi 20 mil millones de dólares al Estado mexicano, pues es el monto al que ascienden inversiones comprometidas en proyectos eléctricos bajo la legislación vigente y que habría que indemnizar pues su rentabilidad sería mermada o diluida por el cambio en las reglas del juego para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Según Víctor Ramírez Cabrera, de la Plataforma México Clima y Energía, el costo por los ingresos esperados por las inversiones únicamente del equivalente al 90% de la infraestructura ya contratada por la CFE en las tres subastas de largo plazo que se realizaron el sexenio pasado, asciende a 16,783 millones de dólares, como una indemnización por la infraestructura contratada y que genera para los contratos de las subastas y los ingresos previsibles de los generadores, ya que estos contratos se firmaron a plazos de 15 y 20 años para la instalación de nuevas plantas que entreguen potencia, energía firme y certificados de energía limpia a la CFE. 

Pero esta suma se elevaría a 18,313 millones de dólares si los contratistas solicitan también la indemnización por la energía excedente que no contrataron con la CFE y que como establecieron las reglas de las subastas, dejó lista para participar en el mercado de corto y mediano plazo comercializando con otros compradores distintos a la CFE. 

Además, hay otros proyectos de inversión que los contratos legados anteriores del régimen previo a la reforma permitieron elaborar cálculos y buscar financiamientos a las empresas de generación de energía, que han ampliado la infraestructura que tienen en operaciones puesto que la ley se los permitía y si llegan a dejarla ociosa, buscarán ser indemnizados o iniciarán juicios en tribunales internacionales, amparándose en que son inversionistas de países donde existen tratados de libre comercio y para el financiamiento de sus operaciones cuentan con fondos de la ciudadanía que los gobiernos defenderán.

En los hechos, la reforma a la ley de la Industria Eléctrica que plantea el Ejecutivo mexicano significaría revertir en parte la reforma energética de México promulgada en 2014, lo que violaría los compromisos de este país en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó Juan Antonio Dorantes, socio director de la consultora Dorantes Advisors.

Ambos acuerdos comerciales incluyen la denominada cláusula "ratchet" (cremallera) de irreversibilidad: si un país procede unilateralmente a una apertura, esta se consolida inmediatamente. Ello lleva a una liberalización constante, con consolidaciones continuas en diversos sectores.

Pero incluso al margen de ello, la misma protección está vigente en distintos Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs), varios de ellos entre México y países europeos.

Dorantes especificó que en el Capítulo de Energía del TIPAT, firmado en febrero del 2016, México se comprometió a mantener el nivel de apertura que estaba en ese momento vigente. “Esto implicó una fotografía a la reforma energética de México”, comentó Dorantes, en referencia a que el TIPAT reprodujo los compromisos de la legislación mexicana.

Del mismo modo, en capítulo de Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados del T-MEC se impide dar un trato favorable a este tipo de compañías, una disposición que se negoció sobre todo con la intención dirigirse a naciones como Malasia y Vietnam. En este acuerdo se estipula que cualquier ventaja interna relacionada con el comercio internacional y las inversiones se debe extender a Estados Unidos y Canadá.

Dorantes destacó que, si se viola cualquiera de estos tratados, las empresas pueden recurrir a paneles de solución de controversias Inversionista-Estado, en cuyos casos si México pierde tendría que compensar a las compañías afectadas. Pero más grave aún, si se levantan paneles Estado-Estado y perdiera México, los países afectados tendrían el derecho de aplicar represalias.

“La reforma energética aseguró la entrada de inversionistas y de la competencia en un mercado competitivo”, resumió Dorantes. Consecuentemente, dar ciertas ventajas a Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que impliquen una discriminación en ese marco podría generar una expropiación de facto de inversiones realizadas.

Amenazas legales

Además de sorpresiva, la iniciativa para reformar la ley de la Industria Eléctrica adolece de diferentes debilidades legales, entre las cuales, el CCE lista:

Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de violar la garantía a la libre competencia y concurrencia.

Atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles y arbitrajes.

Viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas, por lo que implicará indemnizaciones del Estado.

Contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública. Modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos.