Fue en el otoño de 1994 cuando la puertorriqueña Madeleyn Tolentino, vio pasar al monstruo desde su ventana: un horrible animal mitad canguro y mitad lagarto, de piel áspera, largos colmillos, garras afiladas y picos en la espalda. La criatura que parecía un personaje salido de una película de Guillermo del Toro, sería bautizado como "El Chupacabras". Aunque nadie más había logrado verle, el ganado perecía desangrado tras sus ataques.

La historia tardaría solo unos meses en viajar a México. En Puerto Rico se hablaba de lobos sarnosos atacando ganado, pero en los noticieros mexicanos se narraban notas de "El Chupacabras". En ese tiempo, el país sufría las consecuencias de una amarga crisis económica y política. Lejos de lograr una digresión, "El Chupacabras" se convirtió en la metáfora perfecta de un sistema político voraz, que desangraba a los ciudadanos con sus decisiones.

En tiempos de incertidumbre, los vacíos de información avivan los temores más profundos. Ahí donde la gente quiere comprender pero no recibe respuestas satisfactorias, aparecen aspiraciones postergadas, deseos insatisfechos, pesadillas y realidades aterradoras. La pandemia del COVID-19 es la encarnación de una tragedia anunciada. En un mundo sobreexpuesto a la información, sin filtros y sin contexto, cualquier intento de  negación es contraproducente.

La Organización Mundial de la Salud lo sabe bien. Luego de la lentitud con la que se reaccionó al Síndrome Agudo Respiratorio Severo conocido como SARS en la década de los noventa, se creó la Red Global de Alerta y Respuesta ante Brotes (GOARN por sus siglas en inglés). En esta red participan 250 instituciones con conocimiento técnico y redes que aglutinan a más de 2 mil 900 expertos de 90 países. La idea es que a través del establecimiento de alianzas con organizaciones sociales especializadas, cámaras empresariales, centros médicos e institutos de investigación, se produzca información de calidad, en tiempo real, que permita mejorar la toma de decisiones. Desde su creación, el GOARN ha intervenido en más de 135 eventos de coordinación, vigilancia y asistencia técnica en tiempos de epidemias.

Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) dio a conocer el listado de las 457 solicitudes de información formuladas desde enero hasta el 25 de marzo de este año. La primera solicitud de información vinculada con el COVID-19 data del 23 de enero de este año. Su contenido podría haber encendido alertas. En ella se pregunta cuánto cuesta y en dónde se realiza la prueba para el coronavirus.

Del 23 de enero a marzo, el tipo y el tono de las solicitudes de información reflejan la angustia por saber qué protocolos se siguen en puertos y aeropuertos, con qué materiales se cuentan, cuántas llamadas de emergencia por posible coronavirus han recibido, cuál es el presupuesto destinado para enfrentar la pandemia, qué licitaciones se han hecho, en dónde se atienden los casos, entre otros.

Del alud de preguntas, solo 21.4% merecieron respuesta. Las demás, no han tenido ni tendrán respuesta puesto que el Inai decretó el 23 de marzo pasado, la suspensión de solicitudes, recursos de revisión, notificaciones y sanciones. Desde el 28 de febrero el gobierno federal, en voz de Hugo López-Gatell, brinda un informe diario de la pandemia. Existe un micrositio a nivel federal habilitado con información específica. Sin embargo, aún se requiere una política de transparencia capaz de articular a los tres niveles de gobierno y de involucrar a sectores científicos, empresariales, académicos y sociales que coadyuven a generar registros fidedignos para brindar información oportuna, accesible y en datos abiertos. Si no se toman acciones, desde el fondo de nuestros temores, seguirá presente la sombra de "El Chupacabras".