Someter a consulta si se debe juzgar a los expresidentes de México, afecta el derecho a la presunción de inocencia, es inconstitucional e improcedente, afirmaron Luis Carlos Ugalde, exdirector del Instituto Federal Electoral (IFE) hoy INE, y Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.

Luis Carlos Ugalde, indicó en su cuenta de Twitter que la consulta sólo podría realizarse el primer domingo de agosto y no durante el mismo día de las elecciones federales. 

“Someter a consulta si se debe juzgar a una persona es afectar el derecho a la presunción de inocencia y violentar el debido proceso”, expresó Ugalde.

Advirtió además que, en caso de recurrir a una consulta ciudadana días después de los comicios federales de 2021, el INE tendría que erogar cientos de millones con cargo al presupuesto para coordinar el evento. “Se tendrían que instalar decenas de miles de casillas para garantizar el derecho de todos a opinar”, agregó. 

El director de Integralia Consultores señaló que, si se aprueba la consulta, únicamente podría ser juzgado el expresidente Enrique Peña Nieto, pues “en el resto de los ex presidentes cualquier delito cometido ya habría prescrito”.

Por su parte, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, apuntó que “esto evidentemente no procede. El artículo 35 de la Constitución establece que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos ni las garantías para su protección”.

Romero Hicks señaló que “si se empeñaran en hacer esto, porque tienen varias vías. La primera que sería un insulto a la investidura presidencial, es que la intente el propio presidente. Una autodegradación”.

La segunda manera, añadió, “es simular a través de un tercio de integrantes de las cámaras, que podrían tener los números y sería evidentemente un error monumental (…) y, la tercera, es estimular al 2% de los ciudadanos, que sería un millón 600 mil personas, para poder atender esta circunstancia”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado en varias ocasiones que votaría en contra de juzgar a los expresidentes, aunque aseveró que no descarta solicitar al Congreso que se realice una consulta pública al respecto.