Este domingo le quedan 48 horas al plazo legal para solicitar una consulta ciudadana sobre juzgar o no a los ex presidentes. Una labor que va cuesta arriba porque requiere del acopio de un millón 800 mil 727 firmas de respaldo a contrarreloj.

Ahora todos los esfuerzos de la estructura de Morena a nivel nacional se han desplegado en la convocatoria, instalando para ello mesas para recibir los datos de 2 por ciento de la lista nominal, sin que hasta el momento se haya alcanzado el número deseado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene todo el trazo de lo que llamó un "ensayo", el primero, de una consulta popular. El plan A consiste en hacer llegar al Legislativo y de ahí a la Suprema Corte, un millón 800 mil firmas, pero tiene incluso la última carta para ganar esa partida: presentar él mismo la solicitud y ponerla a consideración de la Corte.

También tiene incluso la pregunta calculada: "si de conformidad con los procedimientos legales establecidos, no con mecanismos de procedimientos extrajudiciales, no con juicios sumarios, sino de conformidad con la ley, con respeto al debido proceso, se considera necesario o no el que se procese, se inicien investigaciones contra los ex presidentes, eso es lo que podría preguntarse y que la gente lo considera necesario o no", dijo el pasado 9 de septiembre.

El plan B sería que 33 por ciento de senadores o diputados hicieran la petición, pero ahí están enredados hasta con las preguntas y ya suman hasta el momento 25 propuestas de redacción.

El Presidente ha dicho que prefiere esperar hasta el último momento para quemar el último cartucho de pedir él mismo esa consulta sobre sus predecesores.

Al último corte del 27 de marzo de 2020, el INE tenía 90 millones 36 mil 367 ciudadanos registrados en la lista nominal, una consulta requiere de la convocatoria de 2 por ciento, mínimo un millón 800 mil 727 personas, equivale a inscribir durante 15 días a 120 mil 48 personas que diariamente se sumaran a la petición, cinco mil 2 cada hora, 83 por minuto de manera ininterrumpida.

Las firmas, sólo el primer escollo

Pero en el remoto caso de que Morena logre su objetivo de presentar casi 2 millones de firmas, habrá otros obstáculos que la consulta debe superar, entre ellos el aval de la Suprema Corte que evaluará si la pregunta y el asunto de la consulta son constitucionales y la mera discusión sobre los delitos que podrían enfrentar los ex presidentes.

De acuerdo con la Ley sobre Consulta Popular, la Suprema Corte deberá resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que la pregunta no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

Para ello, incluso la Corte puede modificar la pregunta si así lo considera conveniente y notificar a la Cámara de origen su resolución. Si la Corte declara inconstitucional la materia de la consulta, el asunto se archivará como total y definitivamente concluido.

Pero en su análisis, el presidente López Obrador también ha dejado claro que hay incluso inconsistencias y habrá controversia entre la ley y la Constitución: por un lado la ley establece que una consulta popular puede realizarse el primer domingo de agosto de cada año, mientras el artículo 35 de la Carta Magna señala que deben tener lugar el mismo día de la jornada electoral federal.

Solo un ex presidente: Manuel González fue sujeto a proceso penal por corrupción, en su calidad de Gran Jurado, el Congreso decidió no juzgarlo porque se trataba de un juicio por corrupción. Hoy, la Cámara de Diputados eliminó la inmunidad procesal presidencial, lo que está pendiente en el Senado y eso solo permite juzgar a un ex mandatario por traición a la patria e incluso hay discusión sobre si el juicio puede hacerse una vez que termina su encargo o en funciones.

El Presidente de la República debe enviar la petición de consulta popular a la Cámara de Diputados o el Senado, que deberán turnarla directamente a la Suprema Corte, junto con la propuesta de pregunta formulada, para que resuelva sobre su constitucionalidad en un plazo de veinte días naturales.

Si la Corte declara constitucional de la materia de la consulta, la pregunta avalada no podrá modificarse y la resolución todavía tendrá que turnarse a la Comisión de Gobernación, para su análisis y dictamen, que deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso y si eso no sucede, también se archivará y quedará definitivamente concluido. 

Si por lo menos 33 por ciento de los integrantes del Senado o la Cámara de Diputados elabora la petición de consulta popular, el Presidente de la Mesa Directiva la turnará a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen, que deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso y si eso no sucede, quedará concluido.

Por el contrario, si la petición se aprueba, la Cámara revisora, es decir, la que no dio origen a la petición, la enviará a la Corte para que siga el mismo proceso.

El INE, el último candado para la consulta

Cuando termina la aduana de la Corte, seguirá la del INE. En caso de declararse constitucional la pregunta, la autoridad electoral contará con 30 días para verificar de manera aleatoria las firmas y se cumple con el requisito de validez.

La consulta se desarrolla con las mismas casillas de una contienda federal, como si se tratara de una elección presidencial, pero si participa por lo menos 40 por ciento del total de la lista nominal, el resultado será vinculatorio para el propio presidente y los legisladores, con efectos durante los tres años siguientes.