Al no precisar la temporalidad ni los nombres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que en el corto tiempo se pueda a llevar a cabo una consulta pública en la que los habitantes opinen si se debe investigar y enjuiciar el actuar de cualquier ex funcionario, así como de burócratas en activo, incluidos el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los trabajadores que integran la presente administración, advirtieron juristas y un ministro en retiro. 

La propuesta de pregunta para llevar a cabo consulta que planteó el Ejecutivo sólo precisaba la indagación e investigación de posibles delitos cometidos por los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En opinión de José Ramón Cossío, ministro en retiro de la SCJN, y de los directores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la frase "años anteriores" permite incluir ya a López Obrador para poder ser enjuiciado. 

Durante la votación, los ministros de la SCJN consideraron que el cuestionamiento propuesto por el Presidente transgredía los derechos de cualquier habitante incluidos en la Constitución y fomentaba violaciones a los derechos humanos.

La propuesta original del Ejecutivo era: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, se investigue y, en su caso, sancione la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?".

Tras un receso, luego de avalar la Constitucionalidad de la consulta pública, por mayoría de votos (seis a favor y cinco en contra), los ministros determinaron modificar la pregunta propuesta por el Presidente.

Los cambios no incluyen nombres y mucho menos temporalidad, por lo que deja abierta la posibilidad de que, en cualquier momento, se pueda llevar a cabo una consulta en la que se pregunte a los habitantes si consideran que se debe de juzgar al Presidente en turno y a cualquier funcionario por las decisiones tomadas.

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?", menciona la nueva pregunta que se debe incluir en la consulta pública.

Durante la sesión privada, la cual fue transmitida a través de redes sociales, el máximo tribunal del país mostro su división por la consulta, sin embargo, la mayoría coincidió –incluido el ministro presidente- en que este tipo de decisiones extralimitan las funciones de la SCJN que se estipulan en la Constitución.

La consulta pública fue declarada como constitucional gracias a los votos de los Ministros: 

Arturo Fernando Zaldívar Lelo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ana Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo,

En contra emitieron su voto: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Norma Lucia Piña Hernández y Luis María Aguilar Morales.

Durante la discusión cada uno de los Ministros aportó sus argumentos a favor y en contra.

A emitir su voto en contra del proyecto de declarar inconstitucional la consulta, el ministro presidente Arturo Zaldívar mencionó: "esperaría que hoy la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir, con responsabilidad histórica, su rol en la protección de los derechos humanos de participación política. No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a la totalidad de nuestro marco constitucional". 

El ministro presidente manifestó que no es la primera vez que la SCJN tiene atribuciones distintas a las que les corresponde, pues destacó que la consulta popular está prevista como un derecho humano, es un instrumento que devuelve el poder a la ciudadanía y potenciar una transformación democrática y en el sistema político.

Llamó a la Corte a no desaprovechar en asumir su rol en la protección de los derechos humanos, pues eso es fundamental para consolidar una democracia más plural y en esta consulta se presenta esa oportunidad.

Lo que no podemos hacer es cerrar la opinión a los ciudadanos por temor al populismo, si queremos que la democracia funcione, debemos confiar en la ciudadanía y en las instituciones, principalmente en la impartición de justicia, remarcó.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena manifestó que la propuesta de consulta popular es constitucional; sin embargo, pide reformular la pregunta, pero de no ser así su voto sería con el proyecto.

Dijo que a la SCJN le corresponde determinar si es constitucional la consulta y a las cámaras su trascendencia, ya que es un derecho constitucional de participación

Destacó que la pregunta enviada por el presidente López Obrador no precisa qué autoridades deben llevar a cabo la investigación de los expresidentes.

El proyecto falla, creo que la materia de la consulta no lleva a denunciar hechos delictivos, el peticionario afirma que con independencia de los juicios, lo relevante es investigar, lo cual es válido, lanzó.

En caso de que la población la aprobara, implicaría que se destinen recursos para investigar, lo que no viola ninguna norma jurídica, sin embargo, las respuestas de la población no tienen ninguna interferencia en las investigaciones de las autoridades.

Durante su exposición, los seis ministros que votaron a favor de declarar constitucional la consulta, consideraron que el ejercicio abre la posibilidad de conocer la opinión de los habitantes, de acercarlos más a las instituciones de gobierno, así como de marcar un precedente en el país.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá consideró que en la lectura de motivos es posible apreciar la opinión de los ciudadanos para llevar un esclarecimiento en años pasados.

"Lo que propongo es una conceptualización distinta del objeto de la consulta en respeto a los derechos humanos", lanzó.

El ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán señaló que hay una materia de la consulta y una pregunta que le da eficacia, pero en este caso considero que la pregunta es tendenciosa, no tiene lenguaje neutro.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que la materia de la consulta corresponde al ámbito del combate a la corrupción. "En mi opinión la pregunta debe interpretarse en relación a la responsabilidad de los servidores públicos, lo que no está prohibido", apuntó.

La ministra Ana Margarita Ríos Farjat dijo que "creo que no se toma en cuenta que la SCJN puede realizar modificaciones a la pregunta. El proyecto no presenta una alternativa a la consulta popular".

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