El Presidente Andrés Manuel López Obrador no esperó a que los ciudadanos presentaran sus 1.8 millones de firmas recolectadas y él mismo envió un documento que preparó junto con su Consejería Jurídica para solicitar la consulta popular a los expresidentes.

Aunque en el documento insiste en que está en contra de la acción, enlistó las piedras que cargan los expresidentes de lo que él llama “periodo neoliberal” y que abarca los años 1988-2018, cuyos gobiernos fueron emanados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Los nombres de los seis hombres que gobernaron México en esos años sin duda causan agrura a más de uno; son referente de sufrimiento y coraje por la manera en cómo manejaron el poder y se llevaron en el ruedo a millones de personas, de familias completas.

Sin embargo queda la duda: si hay razones para que los expresidentes enfrenten causas penales, ¿por qué consultarlo?, ¿por qué no hacerlo y ya?

Javier Martín Reyes, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) especialista en derecho público y política judicial, explicó en entrevista con este medio, que hay dos vías para iniciar las consultas populares. Una, con recopilación de firmas ciudadanas validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF), y segunda, que el Presidente de la República envíe la propuesta al Congreso y sea aprobada por la mayoría de las dos Cámaras.

Pero, aclaró, en ambas vías la pregunta o las preguntas de las consultas populares pasan necesariamente por la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, “si se toma en serio la Constitución y precedentes de otras consultas, debe declarar la pregunta planteada como inconstitucional”.

Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, dijo que dado que ningún expresidente de la República tiene fuero, no existe impedimento alguno para ya juzgarlos si se aportan pruebas de alguna ilegalidad que hayan cometido. “Hacer consultas para aplicar la ley es populismo. Mero populismo y nada más”, consideró.

Además, la redacción de la pregunta que se sometería a consulta es inconstitucional, porque podría generar “un peligroso precedente de impunidad” y viola nuestra Carta Magna, alertó.

El único expresidente que reaccionó al documento fue Felipe Calderón Hinojosa, quien acusó que la petición de consulta ciudadana sobre juicio a expresidentes es “un acto corruptor de la justicia” porque presionaba a fiscales y juzgadores ante la opinión pública. La calificó de una “persecución política”, así como violatoria de garantías elementales como la presunción de inocencia, debido proceso legal, investigación exclusiva del ministerio público e incluso protección a la vida, honra y dignidad.

“Si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el Fiscal, sin necesidad de consulta. Pero si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga. Debe dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano”, tuiteó el expanista.

“Constituye un acto corruptor de la justicia, pues ejerce una presión abrumadora e indebida sobre fiscales y juzgadores, a través de la manipulación de la opinión pública, con la utilización de recursos públicos. Una clara muestra de persecución política y de abuso de poder. Está confundiendo la República con un Circo Romano: en lugar de acudir con pruebas a la Fiscalía, pregunta a la multitud si se condena o perdona a inocentes, mostrando un dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo. Un retroceso de miles de años en materia de justicia”, escribió.

El otro expresidente aludido que tiene redes sociales, Vicente Fox Quesada, decidió no realizar un comentario público.

Abogados manifestaron a lo largo del día por qué la SCJN no debería validar la pregunta planteada por el Poder Ejecutivo. Los ministros tienen 20 días para decidirlo.

En este sentido, Martín Reyes agregó que el Artículo 35 constitucional señala que no pueden ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos ni las garantías para su protección. Sobre ello, la justificación del Presidente Andrés Manuel López Obrador “tiene el propósito central de llevar a un cauce legal claro un asunto de interés general” para posibilitar juicios.

Pero “todos los procesos penales tienen como finalidad la salvaguarda de los derechos. Por una parte están los derechos de las víctimas afectadas por la comisión de probables delitos y por el otro lado está la protección de los derechos de las personas imputadas. Estamos dejando en manos de la mayoría la decisión sobre si vamos a proteger o no esos derechos”, planteó Reyes, quien agregó que no se necesita hacer una consulta popular para seguir procedimientos penales en contra de los expresidentes, si la Fiscalía General o estatales consideran que hay elementos suficientes para investigar y, eventualmente, los jueces penales sancionen.

El analista político José Antonio Crespo dijo que la solicitud de consulta refleja “un profundo desconocimiento del Estado de Derecho”; el abogado Alejandro Jiménez coincidió en que es inconstitucional, pero que sin duda deja expuesto que la procuración de justicia es “la responsable de la falta de legitimidad democrática” de nuestro sistema penal, por lo que este ejercicio, al menos, permitiría que la población tenga interés en un proceso penal y el actuar de los fiscales, defensores, jueces y la SCJN.

“Nuestra generación va a condenar a la siguiente si no nos apropiamos de los municipios, la seguridad y la justicia. Cada que un Ministerio Público inventa una flagrancia, acusa a un inocente, construye pruebas para acreditar hechos que no ocurrieron, lo hace a nombre de la sociedad. Y no nos importa, porque no nos sentimos responsables de lo que las fiscalías hagan o dejen de hacer”, escribió.

Sobre ello, el académico de la Universidad Autónoma de Querétaro Alonso Campos, especialista en derecho penal, consideró que sería mejor si entendiéramos que la procuración de justicia es un asunto que atañe a toda la sociedad, no solo al Gobierno y a las víctimas.

EL DOCUMENTO PRESIDENCIAL

“Entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional”, eso es parte de la justificación del documento del Presidente.

Los cargos que leyó de los expresidentes fueron los siguientes: a Salinas de Gortari le atribuyó la desigualdad en México, porque fue en su periodo cuando en el país creció más la brecha económica y social. Dijo que de julio de 1988, en la lista de la revista Forbes, en la cual figuran las personas más ricas del mundo, sólo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con dos mil millones de dólares; pero al finalizar aquel sexenio ya estaban incorporados a ese listado otros 24 mexicanos que poseían en conjunto más de 44 mil millones de dólares.

“Casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que antes eran propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado, en 1988, en el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México escaló al cuarto sitio, sólo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania”, agregó.

Del expresidente Ernesto Zedillo dijo que continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta “sus últimas consecuencias” y además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del llamado rescate bancario de 1998.

Sobre Vicente Fox Quesada, lo acusó de que llegó a Los Pinos como resultado del anhelo social del alcanzar la democracia y la alternancia, pero que cuando se acercaba el final de su gestión intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición.

“Tal intromisión no sólo fue reconocida en el fallo con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación legalizó el turbio proceso electoral de 2006, sino que el propio Fox, quien al año siguiente en una entrevista con Telemundo, admitió, cito, ‘que era importante detener a López Obrador’ y en 2010 se jactó, cito, ‘de haber cargado los dados del proceso electoral. De esa forma traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia”, leyó el Presidente durante su conferencia matutina.

Sobre la administración de Felipe Calderón Hinojosa dijo que éste embarcó al país en una estrategia militar “supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México”.

Y mencionó que colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, “pero el gobernante no hizo absolutamente nada”.

Finalmente, sobre su antecesor Enrique Peña Nieto, mencionó que la irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial, fue señalada desde 2012, sin que ello tuviera consecuencias legales o llevara al Tribunal Electoral a anular la elección.

“Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht. Por otra parte, los señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada Reforma Energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a 200 millones de dólares”, puede leerse en el documento que hoy fue entregado al Senado de la República.