La construcción de un proceso de paz y reconciliación en nuestro país requerirá de un enorme esfuerzo político y social para restituir las responsabilidades e instituciones básicas del Estado.

Es necesario dar un giro profundo en lo que hasta ahora se ha realizado, y edificar un nuevo paradigma en las estrategias para enfrentar la violencia y la inseguridad que asolan a nuestro país, así como remontar la descomposición de las instituciones públicas corroídas por la corrupción, los abusos y la incompetencia; lo que ha conducido a la crisis humanitaria que enfrentamos.

Se requiere de un nuevo arreglo que asuma la seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos y la garantía de justicia, con el objetivo de crear las condiciones para que las personas puedan vivir emancipadas de las amenazas generadas por el delito, el abuso o la omisión de la autoridad.

El nuevo modelo debe dejar atrás la añeja noción de la existencia de un brazo represivo del Estado para garantizar el orden público, para dar cauce a un Estado democrático de Derecho que emprenda las tareas de seguridad como una condición para garantizar los derechos humanos de las personas, y alcanzar el fin superior de la democracia: asegurar que las personas convivan en paz.

Hasta ahora, bajo el enfoque tradicional, las instituciones del Estado responsables de la seguridad funcionan como un mecanismo de poder, operando al margen e incluso en contrasentido de la sociedad, de ahí su fracaso, ya que la seguridad de las personas se ha reducido a la lucha contra el crimen o la preservación de las instituciones que han sido incapaces de garantizar su protección, cuando es necesaria la creación colectiva de un ambiente propicio para la convivencia pacífica.

La seguridad debe entenderse como un bien público, como la salvaguarda eficaz de los derechos inherentes a la persona: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de su patrimonio, la inviolabilidad de su domicilio y de sus comunicaciones. Por lo que los ciudadanos deben participar en las labores de prevención y control de los factores que generan la violencia para permitir una coexistencia segura.

Se trata no solo de reducir los delitos, sino de mejorar la calidad de vida de la población a partir de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad; garantizar el acceso a un sistema de justicia que impida la impunidad, y de contar con un sistema educativo sustentado en valores éticos, como el respeto a la ley y la tolerancia.

De manera particular, la construcción de un nuevo paradigma debe dar respuesta a la violencia y los agravios de que han sido objeto decenas de miles de víctimas por particulares y por el propio Estado, atendiendo el derecho de las personas a la memoria y la verdad, la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición.

Las tareas para la pacificación trascienden, en mucho, los asuntos vinculados a los temas de seguridad y combate al delito. Construir la paz para alcanzar la reconciliación entre los mexicanos debe tener como punto de partida poner como prioridad a las víctimas y su derecho a la justicia. Que no queden impunes los agravios que, durante las últimas décadas, han sacudido su vida y la del país, lo cual no será nada fácil.

La esperanza ha emergido de las urnas; sin embargo, el viejo régimen subsiste, por lo que para transformarlo se requiere desarrollar formas eficientes de gobernanza, nuevas mediaciones con la sociedad, crear los instrumentos que permitan generar confianza en el nuevo gobierno, y esclarecer y castigar las atrocidades que han agraviado los derechos humanos en nuestro país.

Alejandro Encinas Rodríguez
(Senador de la República)