Por Dulce Olvera para SinEmbargo

Ciudad de México.– “Esto es lo que causa la corrupción entre el gobierno y las constructoras”, dice un letrero colgado del edificio de 12 niveles ubicado en Insurgentes Norte, construido hace cuatro años y comercializado por Dekah Inmobiliaria en la Delegación Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México. Tras el sismo del 19 de septiembre presentó daños superficiales y sus habitantes tuvieron que desalojarlo durante un tiempo.

Este año los movimientos telúricos en el centro del país desnudaron las prácticas fraudulentas del sector de la construcción, uno de los más propensos a la corrupción, así como la irresponsabilidad de los funcionarios públicos encargados de otorgar permisos ilegales para obras.

Aquel martes posterior a las fechas patrias colapsaron 38 inmuebles en ocho delegaciones de la Ciudad de México y 228 personas fallecieron, mientras que 69 personas fueron rescatadas con vida. Sumado a ello, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) comenzó los trabajos de demolición de 24 edificios con riesgo de colapso, incluyendo Génova 33, que había paralizado la actividad comercial en esa calle de la céntrica Delegación Cuahtémoc. También se retiraron 43 casas ubicadas en la zona chinampera de Xochimilco, delegación sureña en principio abandonada.

“Esto es parte del fenómeno de corrupción que no sólo está inmerso en el sector de la construcción, es una cadena que cobró la vida de personas inocentes que ahorita estarían vivas si se hubiera hecho de manera correcta y cumpliendo los estándares establecidos”, dijo Dolores Franco, del Colegio de Urbanistas de México.

Aunque destacó que la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México aprobada a finales de noviembre contempla sanciones penales si no se cumple el reglamento de construcción, Federico Taboada, arquitecto y urbanista, aseguró en entrevista a parte que también se aprueba que la potencialidad de los edificios se pueda aumentar 35 por ciento, y se sigue sin controlar a las inmobilarias.

Durante el proceso de reconstrucción, que implicará un periodo mayor a un sexenio, han sido capturados algunos responsables de dos obras que registraron daños estructurales y, además, nueve personas están imputadas, pero los dueños de Canada Building, una de varias inmobiliarias manchadas, están desaparecidos al igual que la dueña y directora del Colegio Enrique Rébsamen.

El diario estadounidense The New York Times días posteriores a la hecatombe publicó que “la revisión de construcciones ha quedado en manos de una red de ingenieros o arquitectos que son contratados y pagados por los desarrolladores inmobiliarios y por las constructoras, lo que genera conflictos de interés que pueden socavar hasta los mejores estándares”.

En entrevista, José Armando Arias de la Cruz, Secretario General del Sindicato Nacional de Construcción, dijo que “se tendría que apretar” a los Directores Responsables de Obra que otorgan la firma y a los que verifican el tipo de proyecto y la calidad de los materiales, los cuales deben ser independientes para evitar esos conflictos de interés.

“Pero como vivimos con una corrupción permanente se lo pueden brincar, siempre hay alguien que hace mal las cosas y por eso hay obras mal hechas o con estructuras ineficientes”, expuso.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) tiene abiertas 200 carpetas de investigación entorno al siniestro. A inicios de octubre, un grupo de líderes de la sociedad civil, académicos, empresarios, abogados y activistas presentaron una demanda ante esta instancia. En caso de que la tragedia sea causa de ilegalidades, actos de corrupción, omisiones o faltas de servicios públicos o constructores, se debe exigir la responsabilidad por los delitos de homicidio culposo, fraude y uso ilegal de atribuciones, alegaron.

Tras el dictamen pericial que arrojó irregularidades en la cimentación y estructura, el 26 de octubre se detuvo a Jaime Ríos, uno de los arquitectos implicados en la construcción del edificio que colapsó en Zapata 56, Colonia Portales, en la delegación Benito Juárez, y que provocó la muerte de dos mujeres. El inmueble de 24 departamentos se había entregado un año antes. Alrededor de 20 familias, quienes invirtieron más de 2.5 millones de pesos, se quedaron sin nada.

No obstante, Arturo Ceballos, accionista de la inmobiliaria que lo edificó Canada Building Systems, y Rosa Silvestre Aguilar, apoderada, no se han presentado a las audiencias y el Director Responsable de Obra, Juan Duay Huerta, sigue libre. Agustín Liñán Salinas, representante legal de la firma, argumentó que fueron las autoridades de Benito Juárez las que firmaron documentos y emitieron su visto bueno para la construcción. Además, dijo, no fue un error humanos al tratarse de un evento “fortuito”.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene 36 expedientes contra 18 constructoras. Tan solo 13 quejas son contra Canada Building.

Luego, el nueve de noviembre, la PGJCDMX detuvo al Director Responsable de Obra y al Corresponsable en Seguridad Estructural de un edificio en Eje Central Lázaro Cárdenas 418, colonia Portales, delegación Benito Juárez que sufrió daño en 90 por ciento de su estructura. El inmueble de 21 departamentos tenía un año, por lo que hay 10 denuncias por fraude de las personas que los habían adquirido por 2 millones de pesos.

Fue construido por Yesod Construcciones, cuyos dueños no han salido a la luz pública.

En el caso del Colegio Enrique Rébsamen, donde más de 20 niños dejaron de vivir, se giró una orden de aprehensión contra la dueña y directora Mónica García Villegas, quien construyó sin licencias su departamento sobre la escuela ubicada en Tlalpan, lo cual dañó la estabilidad del edificio. Pero se desconoce su paradero. Su abogado Javier Coello, el mismo que representa al ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, dice que su cliente dará la cara cuando la situación jurídica sea la adecuada.

La Delegada Claudia Sheinbaum también la denunció penalmente, así como a Miguel Ángel Guerrero López y Alejandro Zepeda Rodríguez, dos ex directores jurídicos de la delegación por aprobar modificaciones irregulares e ignorar la orden emitida desde 2010 para demoler el cuarto piso del inmueble. La morenista ofreció comparecencias luego de señalamientos en su contra.

Mientras tanto, en época de frío, todavía hay damnificados de otros inmuebles que no han recibido dictamen de Protección Civil por lo que siguen refugiándose en campamentos, como es el caso de Bryan Monteverde, habitante de un edificio de varias décadas de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en la Delegación Benito Juárez.

Además, todavía hay seis albergues en las delegaciones Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza; así como 2 mil 661 fugas que están afectando el abasto de agua en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.

LOS CÁRTELES INMOBILIARIOS... (Lee la nota completa en Sinembargo)