Se ha hablado lo suficiente acerca del dato de crecimiento económico propuesto por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para el 2021, sobre todo en su posibilidad de alcanzarse. Sin embargo, las estimaciones de agencias calificadoras internacionales y de bancos que operan tanto en el país como fuera de éste, dejan en claro que México lo máximo que podrá crecer es un 3.3% en su producto interno bruto (PIB).

La discrepancia no es menor entre lo propuesto por el gobierno federal y los agentes financieros, representa miles de empleos y recursos reales para el erario público. Estos repercuten en la calidad de vida de las personas, inversiones en infraestructura que tanto se necesitan en este momento, y sobre todo, una posibilidad de salir más rápido de la crisis actual, que a como se ha desempeñado la economía, el escenario más optimista señala que se tardarán tres años para alcanzar nuevamente los niveles de producción y consumo de 2019.

A pesar de lo anterior, poco se ha hablado de lo que pasaría en la economía si no se llega a ese crecimiento propuesto. Se vislumbran tres consecuencias evidentes.

La primera y más clara es un recorte presupuestal hacia el término del primer semestre del año entrante, que sería en la misma magnitud que la caída de los ingresos. Esto representaría la cancelación de pequeños proyectos de infraestructura y sobre todo, disminución de recursos a los estados y municipios. Ellos serían los grandes perdedores. Al día de hoy, los ingresos programables que el gobierno federal canaliza a los municipios es de alrededor de un 4% del total del presupuesto. Por ello, ante una disminución de ingresos sería necesario que se cobraran forzosamente nuevos impuestos locales para poder hacer frente simplemente a la operatividad de oficinas que brindan servicios a la población. Hay que recordar que hoy ya hay un estado en quiebra y que se llama Nayarit, pero también hay otros dos que están muy cerca de la insolvencia. Así que si se da un problema financiero en la federación habrá algunos estados que caerán como piezas de dominó.

La segunda consecuencia sería una pérdida en la confianza de los inversionistas y muy probablemente del sector financiero en general. La señal para los mercados de capitales sería que el sistema económico no estaría generando lo suficiente para crecer, desde luego, eso no es deseado en una economía tan lastimada por la pandemia como la de México. En 2014, cuando se anunció el recorte presupuestal por parte de la administración del entonces presidente Peña Nieto, los mercados reaccionaron castigando el tipo de cambio y enviándolo por arriba de 15 pesos el tipo de cambio, y la bolsa mexicana de valores tuvo rendimientos negativos (-1.2% en promedio) en las semanas subsecuentes. Dadas las condiciones actuales, esos números serían catastróficos para una economía que ya no tiene margen para más recorte.

La consecuencia final sería un problema socioeconómico importante, un segundo semestre de 2021 con una descomposición política importante, pues si las personas siguen con problemas para encontrar empleo y recibir ingresos adecuados, derivado de una falta de inversión y gasto gubernamental, la viabilidad del proyecto de gobierno de la 4T estaría en problemas de cara a las elecciones del siguiente año. Las victorias del PRI en Coahuila e Hidalgo ponen de manifiesto la volatilidad del voto en México y su sensibilidad al contexto económico. Por lo tanto, si el presidente quiere mantener un proyecto fuerte necesita mantener una mayoría en el congreso como hasta ahora para que sus propuestas pasen directamente y que sus proyectos actuales no se vean amenazados. Un recorte presupuestal antes de las elecciones pondría en riesgo algunos programas sociales y proyectos en los estados que le restarían votos a sus candidatos. En el 2021, de acuerdo al anteproyecto de ley, los partidos políticos en su conjunto recibirán 37.9% menos con respecto a este año, situación que obligará a los partidos políticos a trabajar aún más para conseguir votos.

La solución está limitada a dos posibilidades; subir impuestos o mayor endeudamiento. El manejo fiscal es difícil en épocas electorales como la actual. Esa opción ya quedó atrás en el paquete económico presentado y ni siquiera fue considerada. El costo político era muy alto y será hasta dentro de dos años, cuando menos, que se podrá vislumbrar una reforma fiscal significativa. Pedir prestado por parte de la federación para hacer frente a las necesidades del país puede resultar eficiente, sobre todo cuando las tasas de interés internacionales en términos reales son de cero por ciento y que ya existen líneas de crédito autorizadas. Esta es la alternativa viable para salir del problema en caso de una restricción presupuestaria grave. Sin embargo, también tiene la problemática de que, ante la caída del PIB de este año, la deuda como porcentaje de este indicador cambiará a 53.7% en 2021. Si se pide más, habrá un desequilibrio en las finanzas públicas que impondrá restricciones al gasto público en mayor proporción causando un efecto “bola de nieve” en los egresos subsecuentes.

El riesgo de no alcanzar un crecimiento como el propuesto por la Secretaría de Hacienda es muy alto, y podría tener consecuencias importantes como las mencionadas anteriormente. Prometer, en este caso como dicen los otros datos, sí empobrece.

Profesor de Tiempo Completo Facultad de Economía, UAdeC