En días pasados, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública suscribieron un convenio para la formación profesional de los operadores del sistema de justicia penal. El propósito es dar calidad a sus tareas para responder a una de las demandas más sentidas del país, ya que al mejorar sus capacidades aumentará tanto la eficacia de la justicia como la percepción favorable de los ciudadanos y su confianza en las instituciones.

Las universidades que participan cuentan con el Distintivo Vanguardia, de Idoneidad Curricular otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ANUIES. Esto amplía su capacidad para enlazar la colaboración con otras entidades públicas, privadas y del sector social. No se trata de cursos de escaso impacto profesional sino de genuinos esquemas de desarrollo de talento y de profundidad del conocimiento técnico. El proyecto tiene una orientación hacia el fortalecimiento de los derechos humanos, el principio de la presunción de inocencia y la equidad, elementos fundamentales para que la aplicación de la ley coloque a la persona en el centro de la justicia.

El acuerdo constituye una propuesta de creatividad para homologar los contenidos, considerando los aspectos locales en la construcción de una cultura jurídica que responda a los requerimientos de la nación plural que somos. En México conviven comunidades con diferentes grados de desarrollo y de velocidad de modernización. Esa diversidad ha venido acompañada de desigualdades lacerantes en el nivel de la participación de la sociedad. Por eso, es imperativo alcanzar equilibrios básicos para que el imperio de la justicia sea factor de igualdad y equidad que garantice a las víctimas del delito el acceso a la justicia.

México vive un cambio estructural que entraña, de manera natural, una nueva generación de reformas. En el centro del proceso está el imperativo de consolidar el Estado de derecho. El país de leyes debe prevalecer por encima de malas prácticas que impiden el acceso a la justicia y atentan contra la propia estabilidad social y económica. La nación ha de sostenerse no sólo en sus capacidades productivas sino en la certidumbre del imperio de la ley que promueve la seguridad como fundamento del crecimiento y la competitividad. Nuestra gran asignatura nacional es un Estado de derecho que nos permita ordenar el esfuerzo, generar el conocimiento y robustecer la disciplina social para acceder, a plenitud, a los frutos del desarrollo. El pueblo que se moderniza lo hace mejor a partir de una educación basada en el conocimiento, la innovación y la tecnología. Don Antonio Gómez Robledo solía invocar a Aristóteles y decía que donde brilla la justicia ni la más viva estrella ilumina mejor la vida de los hombres. Debemos rescatar ese mensaje de inteligencia entrañable para imbuir ese espíritu a los operadores pero también la convicción de que con su mejor preparación están haciendo, cada día, un bien esencial a la nación.

El convenio exalta la capacidad de interlocución de las instituciones para promover las grandes causas de México. Con esta convicción participa la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, porque confía profundamente en la amistad entre dos países que son y deben seguir siendo socios privilegiados. La profesionalización del capital humano en el sistema de justicia es, en rigor, un pilar del Estado de derecho. Algunas expresiones nocivas de su debilidad, como la corrupción o la impunidad, se erradicarán en la medida en que crezca la calidad de la justicia, desde la prevención del delito y la procuración hasta la toma de decisiones que beneficien al ciudadano gracias a la ley y no a su vulneración.

@jaimevalls

Jaime Valls Esponda
Secretario general ejecutivo de la ANUIES