Uno de los hechos que más han agraviado históricamente a la sociedad es el uso abusivo del poder por parte de quienes teóricamente nos representan y debieran trabajar para cuidar los intereses colectivos. Las formas que dicho uso abusivo ha adoptado son múltiples, pero entre ellas, la posibilidad de cometer ilícitos y escapar al castigo gracias al “amparo” del fuero constitucional representa una de las peores.

Y es que utilizar el fuero para evadir la acción de la justicia constituye uno de los usos más perversos de una figura creada en primera instancia para garantizar la libertad de expresión e impedir que a los enemigos políticos del antiguo régimen se les eliminara mediante el fácil recurso de inventarles un delito y con ello enviarles a la cárcel.

Muy lejos de la intención original con la cual fue creada esta figura jurídica se encuentra el hecho de que un funcionario público que, por mandato constitucional debe gozar de esta protección, cometa un delito y las autoridades se encuentren impedidas de procesarle porque antes debe ser desprovisto del fuero por el Congreso local o federal.

Para muestra ahí está el caso de José Arcadio González Peña, regidor del municipio de Arteaga, quien fue arrestado mientras presuntamente cometía el delito de robo, pero sigue gozando de los privilegios de su cargo porque el Congreso del Estado se ha manifestado incapaz de concretar de forma expedita el procedimiento de juicio político ordenado por la normatividad local en casos como éste.

La explicación ofrecida por el Poder Legislativo, en voz del presidente de su Junta de Gobierno, José María Fraustro Siller, para no haber concretado aún el desafuero del edil arteaguense es “la falta de voluntad” de González Peña para permitir que el Poder Legislativo cumpla su función.

Irónicamente tal explicación se da al mismo tiempo que el Congreso “presume” el haber duplicado, en su primer año de ejercicio, el número de sesiones de trabajo respecto de sus homólogos de la Legislatura anterior y haber generado “alrededor de 700 productos legislativos”.

De acuerdo con las estadísticas divulgadas por el Poder Legislativo, los coahuilenses deberíamos creer que tenemos un mejor grupo de representantes y que la nueva generación de legisladores trabaja —y mucho—en nuestro beneficio.

Para desgracia de nuestros legisladores, casos como el del regidor de Arteaga echan al pozo cualquier evaluación meritoria que de su trabajo pudiera hacerse, pues más que números lo que los ciudadanos requerimos son acciones concretas en las áreas sobre las cuales hemos vivido permanentemente insatisfechos. La corrupción pública por delante.

Que hayan pasado más de dos meses y medio sin que el Congreso haya encontrado una forma de desaforar a González Peña, y ahora se diga que el asunto seguramente se resolverá hasta el año próximo le quitan a cualquiera las ganas de reconocer los 700 “productos legislativos” de este 2015.