Pese a que en los últimos años han disminuido las denuncias por el delito de extorsión telefónica en Coahuila, el Congreso del Estado exhortará a la Procuraduría General de Justicia del Estado a emprender una campaña de concientización y emisión de recomendaciones para que la ciudadanía no caiga y se erradique por completo el problema.

La diputada local por el partido Nueva Alianza, Luisa Ivone Gallegos Martínez, presentó ayer una proposición con punto de acuerdo en la que señaló que a nivel nacional la extorsión telefónica ha ido en aumento, método que usan delincuentes para extraer dinero de ciudadanos bajo diferentes móviles desde la amenaza de que un familiar corre peligro o que se ganaron un premio.

De acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo del 2016 se han registrado solo cinco denuncias de extorsión en la entidad, mientras que en el 2015 se atendieron 38 reportes. La tendencia a la baja se acentúa tomando en cuenta que en 2014 hubo 89 denuncias y en el 2013 hubo 104, aunque también cabe señalar que muchos de estos delitos no se denuncian.

Los mismos datos, no obstante, también evidencian que Nuevo León es el estado que más denuncias por extorsión registra con una cifra superior a las 100 en lo que va del año.

Por ello, la diputada aconsejó que la PGJE emita una campaña en la que dé a conocer a los ciudadanos las recomendaciones que deben de seguir para evitar caer en una extorsión telefónica. Señaló que lo primordial es guardar la calma y por ningún motivo dar datos personales por teléfono a un desconocido.

“Son del dominio público algunas de las acciones que se deben llevar a cabo si el ciudadano se encuentra en esta situación como; mantener la calma, evitar proporcionar datos personales, mantener comunicación constante con tus seres queridos, colgar en caso de que la llamada se torne extraña, o simplemente no contestar el teléfono a números desconocidos”, comentó.

De la propuesta de la diputada se derivó un exhorto que será canalizado a la PGJE para que se elabore un protocolo a seguir que sea difundido ampliamente por todos los medios posibles a la ciudadanía.

“Nos corresponde como legisladores generar las políticas que protejan a las y los coahuilenses y su patrimonio. Un protocolo de acción y la difusión de la información necesaria y actualizada, acerca de este fenómeno contribuirán seguramente a que las y los coahuilenses estén en un ambiente más seguro y con la certeza de tener su patrimonio protegido.”, concluyó.