La mayoría de los funcionarios públicos que recibió una fiat notarial en los últimos días de la pasada administración estatal, “congeló” su asignación, al ni siquiera abrir una oficina para su nueva notaría y solicitar licencia para seguir en la función pública.

El Congreso de Coahuila aprobó durante la última semana de noviembre de 2017 las nuevas notarías públicas a iniciativa del Poder Ejecutivo, cuya administración estaba en su recta final.

De acuerdo con las publicaciones del Periódico Oficial de Coahuila al menos 17 funcionarios públicos solicitaron licencia para separarse del cargo de notario porque continuaron en su función o bien cambiaron de puesto, pero siguieron en alguna de las nuevas administraciones, ya sea estatal o municipal.

Otro de los beneficios que otorga la Ley de Hacienda de Coahuila es que si alguno de los notarios públicos requiere separarse del cargo, es decir, pedir licencia de la función notarial, y va al servicio público, no se le cobrará por este concepto.

En cambio, si un fedatario se separa del cargo y no ejercerá alguna función pública deberá pagar la cantidad de 100 mil pesos a la administración estatal en turno.

El Colegio de Notarios ha advertido que ya existe una sobreoferta de este servicio.