Un juez federal sentenció a 42 años de prisión a Pedro Toga Lara, El Guacho, identificado por el gobierno federal como segundo jefe de la plaza del cártel de Los Zetas, en Saltillo, y quien tras su captura señaló a la ex subdelegada de la PGR en Coahuila, Claudia González López, de ser una de las personas que brindaba apoyo a la organización criminal.

Con él fue condenado su hermano Alberto Toga Lara, El Eli, y Eledith Castillo Benítez, a quienes se les impuso una pena de 30 y 26 años nueves meses de cárcel, respectivamente.

El juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México los encontró responsables de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas amadas.

Los tres fueron detenidos en marzo de 2011 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Saltillo.

MILENIO publicó en 2012 que según declaraciones de El Guacho, Humberto Torres Charles, mejor conocido como Glenda, hermano del ex procurador de Coahuila, Jesús Torres Charles, estaba vinculado con Los Zetas.

Torres Charles presuntamente recibía 300 mil pesos mensuales por colaborar con la agrupación delictiva, lo anterior consta en la causa penal 279/2011, del juzgado Primero Militar en el Distrito Federal.

La Procuraduría General de la República ofreció una recompensa de 3 millones de pesos por información que condujera a la captura de Humberto Torres.

Glenda tenía vínculos con el general retirado del Ejército mexicano Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien fungió como director de la Policía Operativa de Coahuila, durante la gestión de Humberto Moreira.

A través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la PGR dio a conocer que Humberto Torres era requerido por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

La indagatoria contra el hermano del ex fiscal comenzó el 12 de mayo de 2011 en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Salud de la Siedo (hoy Seido), a partir de una declaración ministerial en la que se advirtió que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), así como personal de seguridad del aeropuerto de Ramos Arizpe, Coahuila y otros, se encontraban involucrados en hechos de delincuencia organizada.

“De las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público de la Federación se identifican como probables responsables del delito de delincuencia organizada con el fin de cometer delitos contra la salud a: Manuel Jesús Cícero Salazar, Claudia González López, Sergio Tobías Salas, El Tobogán, Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, actualmente sujetos a proceso”, señalaba el acuerdo.

La entonces procuradora general de la República, Marisela Morales, anunció la detención y consignación de la subdelegada Claudia González, debido a que supuestamente otorgaba protección a Los Zetas.