A tres años de la firma del Programa de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (Profade), especialistas de las facultades de Jurisprudencia y Psicología de la UAdeC, concluyeron el diagnóstico sobre los perfiles de las posibles víctimas y sus familiares que ayudarán a conocer cuáles son los derechos más vulnerados. 

“Este diagnóstico arroja cuáles son los derechos más vulnerados entre las familias o cuáles son las necesidades de las familias. Para ello se tomaron en cuenta varios perfiles que van desde hijos, madres, esposas…”, dijo Diana Iris García, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec). 

Dicho programa fue firmado como parte de un decreto el 10 de diciembre de 2013 por el gobernador Rubén Moreira; desde entonces se inició con el estudio sobre las familias para arrancar con el programa. 

García —madre de Daniel Cantú Iris, ingeniero industrial desparecido el 21 de febrero de 2007 en Ramos Arizpe— señaló que durante estos últimos 3 años se ha realizado un trabajo arduo, además insistió en la importancia de conocer las principales necesidades de las familias. 

“Desde hace unos meses ya se había logrado tener un diagnóstico real y por ahora se están haciendo las reglas de operación de un consejo técnico que estará integrado por familiares de todos los colectivos y por funcionarios de la Oficina de DH de la Segob. 

“También se están integrando los otros colectivos de familiares de personas desaparecidas a las mesas de trabajo para que podamos participar todos”, dijo. 

DERECHOS BÁSICOS 
El Profade nació en julio de 2013 a raíz del Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas promovido por Fundec-Fundem con el objetivo de atender a 4 derechos básicos: salud, educación, vivienda y trabajo, aunque luego se agregaron justicia y alimentación. 

Dicho programa tendrá que estar dentro de la CEAV aunque debe trabajar con un recuso independiente. 

El próximo 15 de enero el colectivo Fundec-Fundem sostendrá la reunión plenaria con el Gobernador y esperan que ahí se promulgue una fecha para la implementación del Profade, pues desde diciembre pasado la Secretaría de Finanzas tendría que haber asignado un presupuesto para esta política pública.