Un juez de Quintana Roo concedió una suspensión definitiva contra el auto de formal prisión dictado en contra de Mario Marín, exgobernador de Puebla, por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

El pasado 11 de marzo, el Juzgado Tercero de Distrito de Quintana Roo determinó amparar a Mario Marín, quien solicitó la protección de la justicia por la orden de aprehensión librada en su contra y que cumplimentó la Fiscalía General de la República (FGR) en febrero.

A pesar de la suspensión, Mario Marín deberá continuar su proceso en prisión al estar acusado de tortura, un delito tipificado como grave.

Ahora, hay dos procesos paralelos contra el exmandatario estatal. Mientras un juez está dedicado al juicio de tortura, otra juzgadora valora si el auto de formal prisión estuvo ejecutado correctamente.

La siguiente audiencia del caso de Marín está programada para el 18 de marzo de este año.

El “gober precioso” fue arrestado durante un cateo a un inmueble en Acapulco el pasado tres de febrero. Posteriormente, fue trasladado a Cancún, Quintana Roo, para ser presentado ante un juez federal.

En mayo de 2019 se había emitido una ficha roja de la Interpol para la búsqueda y captura del exmandatario en más de 190 países.

Mario Marín estaba vinculado con el empresario Kamel Nacif, quien también era acusado de tortura contra la periodista. En julio pasado, la FGR informó que el empresario había sido ubicado en Líbano y que ya se solicitó su extradición a México.

La semana pasada, el Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo dictó auto de formal prisión en contra del exgobernador de Puebla según informó la organización Artículo 19.

“Article 19 y Lydia Cacho celebran la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, por medio de la cual se dictó el auto de formal prisión en contra de Mario Marín, exgobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista”, dijo la organización en su cuenta de Twitter.

Tan sólo unos días antes, otro juez rechazó que Marín siguiera su proceso judicial en arresto domiciliario, como solicitó su defensa. El exgobernador podría enfrentar una condena de hasta 12 años de prisión en caso de ser declarado culpable del delito de tortura.