La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó cómo en 2017, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que estaba encabezada por Rosario Robles, desvió más de 3 mil 134 millones de pesos y desapareció más de 724 millones de pesos de recursos federales que tenían que ser usados como apoyo para viviendas.

“Ese dinero fue utilizado de manera indebida para pagar contratos de prestación de servicios celebrados con universidades, asesorías para la operación de programas; subcontratación de servicios con terceros; arrendamiento de edificios, helicópteros, pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando, entre otros”, informó la ASF.

Como resultado de una auditoría financiera y de cumplimiento para revisar el uso del presupuesto público destinado a programas del sector vivienda de la Cuenta Pública 2017, la ASF denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto daño patrimonial de 724 millones de pesos, dinero del que no se pudo rastrear su destino final.

Pero aunque la ASF no lo consideró daño patrimonial, porque se pudo seguir la ruta que siguieron los recursos, en esa auditoría también describió cómo la Sedatu desvió, sin autorización de la Secretaría de Hacienda, 3 mil 134 millones de pesos, que estaban destinados al Programa de Infraestructura.

Ese programa tenía como fin atender a población con deficiencias en la calidad y espacios en la vivienda y carencias en los servicios básicos en zonas urbanas y rurales, con hogares de alto y muy alto rezago social.

Ese programa tenía un presupuesto autorizado de 3 mil 855 millones de pesos que no fue a viviendas, sino que se repartió de la siguiente forma: mil 23 millones, de los que no hay rastro de 31.5 millones, se fueron a universidades; mil 489 millones al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y otros proveedores; 268.5 millones, a pagar deudas del programa Vivienda Digna y Vivienda Rural de dos años antes, 2015; 148.5 millones, al programa Hábitat 2015; 175 millones a cuartos adicionales; 61 millones, a asociaciones civiles y de 689.2 millones se desconoce su destino.

Esos 689.2 millones de pesos sin rastro forman parte de los 724 millones por los que se presentó la denuncia ante la FGR.

Los otros 35 millones de pesos perdidos se detectaron en dos rubros: los 31.5 millones que se gastaron, sin evidencia de los servicios prestados, en los convenios celebrados, sin autorización, con el Instituto Tecnológico Superior de Centla, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la Universidad Politécnica del Centro; y otros 3.9 millones de pesos en una fianza pagada a una empresa que nunca entregó los trabajos contratados, consistentes en una auditoría a los recursos ejercidos por la Comisión Nacional de Vivienda.

El desvío de estos recursos, que no llegó a las delegaciones estatales de Sedatu, y su utilización en fines distintos de los del Programa de Infraestructura, impidió concluir los proyectos de apoyo a la vivienda autorizados.