Saltillo.- Aquellos funcionarios públicos que hayan sido destituidos o inhabilitados, no pueden durante el tiempo que dure su sanción desempeñar ningún cargo o comisión en cualquiera de los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, en los órganos constitucionales autónomos ni en las administraciones municipales, por lo que el diputado Sergio Garza Castillo promovió ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Constitución Politica de Coahuila para evitar la corrupción en las dependencias oficiales de la entidad. 

El legislador de la UDC dijo que la corrupción en México ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos y económicos del país. Además las encuestas a principios del siglo 21 señalan que el grado de corrupción existente ha afectado negativamente la legitimidad política, transparencia de la administración y eficiencia económica en cuanto a rendición de cuentas del país hacia el interior y exterior de sí mismo.

Recordó que a finales del mes de mayo del presente año se publicó la iniciativa que da creación al sistema nacional anticorrupción, en donde se pretende sancionar de una manera ejemplar los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos.

En virtud de lo anterior, indicó, se somete a consideración del Congreso del Estado, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 160 de la Constitución Política del Estado y expedirá una Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos Estatales y Municipales y las demás normas conducentes a sancionar a quienes teniendo ese carácter, incurran en responsabilidad. 

Las sanciones se impondrán mediante juicio político y son señaladas en el artículo 164 a los servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos.