Se cumplió un año de la terrible noche en la que el Estado mexicano fue cómplice y actor material en el caso de 42 personas desaparecidas, 6 homicidios y varios heridos.

Una revisión más detallada y profunda sobre la presunta “verdad histórica” realizada por expertos internacionales dio cuenta de múltiples debilidades de la investigación realizada por las autoridades. En un país en donde la rendición de cuentas es algo cotidiano, estos cuestionamientos se desahogarían puntualmente. Sin embargo, en México se prefirió cuestionar y desacreditar a expertos y voces independientes que llamaron a una revisión del trabajo hecho, de los procesos judiciales, de acceso a la justicia. Esto resulta fundamental sobre todo si tomamos en cuenta que se trata de graves violaciones de derechos humanos.

Sobre este caso, que sirve de símbolo para tantos otros que no llegan ni a la nota nacional, ni a la internacional y del que tanto se ha escrito, quiero destacar dos aspectos: la impunidad y la debilidad de nuestro Estado de derecho.

La impunidad se cruza con la debilidad del Estado de derecho toda vez que, quien debería responder por su responsabilidad en la comisión de un hecho delictivo, queda impune o bien cuando alguien inocente es procesado y sentenciado por un delito que no cometió.

Y así cómo lo ha evidenciado este caso, la ley no es igual para todos: mientras más de cien personas esperan en la cárcel la culminación de un proceso, hay quienes permanecen intocables. Intocables quienes apoyaron la candidatura a alcalde de una persona vinculada a un grupo criminal. Permanecen intocables quienes desde el gobierno federal supieron qué tipo de gobierno y negocios llevaba a cabo ese alcalde y no actuaron para frenarlo; intocables quienes desde gobiernos locales también supieron quienes eran los Abarca y prefirieron “llevar la fiesta en paz” en lugar de señalar que había un gobierno en manos de la criminalidad organizada.

La impunidad se cruza con la debilidad del Estado de derecho cuando los juzgadores federales siguen dictando autos de formal prisión por secuestro sin considerar la comisión de desapariciones forzadas, obviando que no sólo se trata de una privación ilegal de libertad a manos de servidores públicos, sino que se trata del ocultamiento de las personas en vida o muerte. Es indudable que estamos en presencia de un caso de desaparición forzada y no de secuestro.

Parece que olvidamos que el ex alcalde de Iguala y los ex policías de Iguala y Cocula, involucrados en este delito, actuaron siendo servidores públicos que devengaban un sueldo que todos los mexicanos pagamos con esos impuestos que cada mes nos duele tanto pagar. Dicho de otra manera, actuaron siendo pagados con mí y con tu dinero.

Todos los días me duele el caso Iguala y todos los casos similares, me duele cuando pienso en las víctimas, cuando me doy cuenta que yo podría ser una de ellas; me duele cuando reflexiono que el Estado no sabe brindar justicia a las víctimas y que cuando a mí me suceda un caso similar nada o nadie podrá reparar mi daño, ni hacer valer mis derechos. Me duele cuando pago el IVA, que sirve para mantener un aparato disfuncional que se concentra en proteger el poder, en vez de buscar generar igualdad de oportunidades para todas las personas; me duele cuando tengo que estirar mi sueldo hasta el fin de mes debido a que pago puntualmente mis impuestos y estos son usados para pagarle a funcionarios, jueces y servidores públicos corruptos que siguen de muchas maneras matando y lastimando a todos los mexicanos. Me duele que con mis impuestos se hayan desaparecido, lesionado y asesinado a personas. Me duele que cada uno de nosotros seamos corresponsables y que más allá de valorar esta cuestión haya quienes desprestigien manos que intentan apoyar y construir para salir de la crisis que nos aqueja. No hay pretextos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y llevar a cabo las acciones correspondientes para que lo sucedido no se vuelva a repetir, para que quienes son intocables dejen de serlo y que todos tengamos acceso a la justicia y a la verdad. Sólo de esta manera podremos construir el país que nos merecemos.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano