Aristóteles Núñez, ex jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT), aseguró que los contribuyentes serán los principales afectados por el acuerdo obtenido por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para que la Secretaría de Hacienda le entregue los 900 millones de pesos que presuntamente le había retenido a la entidad en represalia por la detención del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez.

"Creo que hoy pierden los contribuyentes, pierde la sociedad y se mantiene un mecanismo poco transparente y discrecional", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula.

De acuerdo con el que fuera titular del SAT hasta septiembre de 2016, bajo ninguna circunstancia el gobierno federal pueda entregar los 900 millones de pesos que reclama Corral bajo los términos y condiciones del convenio del año pasado, dado que el presupuesto de 2017 ya fue cerrado.

Dijo que en todo caso se tendría que hacer y firmar otro convenio en estos días; "y ese convenio debe tener que tener las razones, causas y motivos por los cuales se van a entregar esos recursos, de acuerdo a la carta que salió publicada el fin de semana".

"Debe ser un nuevo convenio y deben ser recursos de 2018; no se pueden ocupar recursos de 2017, so pena de que la propia autoridad fiscal o la autoridad hacendaria sea sujeta de una revisión y de algunas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación", explicó.

Dijo que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que una vez que se hace el cierre presupuestal, contemplando todos los gastos hasta el 31 de diciembre de cada año, ya no puede hacer uso de recursos de un año que ya terminó.

Además dijo, "el presupuesto de egresos de 2018 no contempla la entrega de 900 millones o cualquier cantidad al gobierno de Chihuahua bajo una condición como la que se dio. Habrá otros motivos u otras razones, pero estos 900 millones tienen un origen especial y ese debería estar en el convenio".

Aristóteles Núñez dijo que con este acuerdo discrecional, además de la sociedad, también pierden los activistas "porque están dejando de ver que dentro de todo lo que se logró negociar políticamente no hay ningún punto a favor de la transparencia y de la revisión de un mecanismo que se ha venido utilizando por décadas, donde se entregan, como se vio este fin de semana, o se pactan recursos a favor de las entidades federativas quién sabe para qué fines".

"No pueden decir que terminaron con la facultad discrecional de la Secretaría de Hacienda cuando hacen uso del mismo mecanismo para terminar un asunto que se generó por la misma causa", sentenció.