CDMX.- Las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser revisadas y delimitadas para ajustarlas a la realidad que vive el país actualmente, indicó el presidente del máximo tribunal, Luis María Aguilar Morales.

Al rendir su segundo informe anual de labores este miércoles durante la sesión solemne conjunta con el Consejo de la Judicatura Federal, en presencia del presidente Enrique Peña Nieto y del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el ministro indicó que las competencias en materia de legalidad que se otorgaron a la Corte eran justificables hace más de 20 años, pero hoy están desfasadas.

“Se impone una reflexión impostergable de revisión de la ley, de las competencias en materia de legalidad de nuestro Tribunal Constitucional, explicables en el contexto de hace más de 20 años, pero desfasadas a la luz de una nueva realidad social, que exige herramientas legales, modernas y eficaces que aseguren a la Suprema Corte el papel que corresponde en el entramado constitucional y jurídico de nuestro país”, dijo.

Aguilar Morales destacó que en los últimos años el trabajo de la SCJN se ha intensificado, puesto que hace siete años la Corte recibía más de 4 mil 460 asuntos y para este año se recibieron 16 mil 139 asuntos. “Prácticamente cuatro veces más que cuando accedí al cargo”.

“Debemos buscar respuestas para solventar esta tendencia objetiva; que quede claro, no con el afán de reducir el trabajo de esta Suprema Corte, puesto que la función jurisdiccional es vocación plena de los ministros, y con esa convicción, a esta fecha hemos resuelto más de 12 mil 600 asuntos en el periodo.

 Entre más amplias son las tareas asignadas por el legislador a los tribunales constitucionales, menos oportunidad hay para que los jueces que los integran reduzcan la brecha entre ley y sociedad, y llenen de contenido los principios de la Constitución”. 

ENTÉRESE
> Luis María Aguilar, al referirse al nuevo sistema de justicia penal, explicó que su funcionamiento no es sólo responsabilidad de los jueces, sino de todos los involucrados, desde las autoridades investigadoras, pasando por las persecutoras, los mismos juzgadores, peritos, abogados, testigos y víctimas.