Torreón, Coahuila.- La iniciativa que presenta en el Congreso del Estado el gobernador Rubén Moreira para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, es prácticamente una “vacilada” que no incluye la eliminación del fuero a funcionarios, denunció aquí el diputado de Acción Nacional, Jesús de León Tello.

Ni siquiera toma en cuenta las propuestas que presentaron algunas asociaciones civiles interesadas en el tema, surgidas en un foro de consulta que realizó el propio gobierno estatal, detalló.

Hay incluso un desplegado que firmaron más de 40 agrupaciones civiles en donde exponen la necesidad de crear un sistema anticorrupción fuerte en temas como la correcta fiscalización de recursos que deben pasar por este sistema, planteamiento que el ejecutivo estatal no lo está tomando en cuenta.

La propuesta del mandatario estatal tiene que ver con construir desesperadamente un nuevo modelo de encubrimiento a las trapacerías suyas y las de su hermano, porque saben que perdieron la mayoría de las diputaciones en el Congreso del Estado.

Sabe que en la próxima legislatura habrá una verdadera rendición de cuentas y que podrán llegar al fondo en los temas de la mega deuda y las empresas fantasma, hechos que hoy es prácticamente imposible abordar en el Congreso del Estado por la mayoría de diputados que tiene el PRI.

El gobernador pretende construir un sistema estatal anticorrupción a modo para cuidarse las espaldas, generar impunidad y que no se investigue ni se sancione a los responsables de evidentes actos de corrupción y por el contrario, que no se les llame a cuentas.

Lo anterior en virtud de que no eliminan el fuero para ningún secretario de estado, regidores, diputados, alcaldes ni gobernador, además de que el auditor superior del estado seguirá supeditado a las órdenes del gobernador, porque no hace los cambios que necesita la Constitución para tener una nueva forma de elegir a este funcionario.

Asimismo, al fiscal anticorrupción no lo están construyendo desde la ciudadanía, sino que quieren que se nombre en acuerdo entre el gobernador y los diputados del PRI, para que puedan ser exonerados y bajo ese argumento no poder ser llamados a rendir cuentas.

El nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, también, pretenden sean personas que estén supeditadas al poder ejecutivo, que tengan vínculos con el PRI y que a su vez sean nombrados por el gobernador. 

Todo lo anterior, dijo el diputado, originará un Tribunal de Justicia Administrativa débil con resoluciones absolviendo o aplicando sanciones mínimas como puede ser solo una amonestación privada, una inhabilitación para ejercer cargos públicos por un mes.

Lo que se pide es que sea un tribunal de rendición de cuentas fuerte, con verdaderos magistrados, que puedan aplicar sanciones drásticas y que las inhabilitaciones sean hasta por 15 o 20 años.